Ante la evidencia, niega
La lectura del artículo de Luis Martínez Noval, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, titulado Pero, ¿hay competencia en el mercado eléctrico?, me recordó el chascarrillo habitual que se cuenta de que aquel sujeto que, ayuno de criterio y falto de principios, sale de todas las dificultades negando lo evidente. Siempre hemos oído hablar de esos individuos pillados en clamorosa falta que niegan lo que para todos los demás constituye una evidencia física y palpable.Indica Martínez Noval al principio de su artículo que "no merece la pena perder espacio comparando el marco estable anterior con el nuevo protocolo, ni la vieja LOSEN con la nueva Ley del Sector Eléctrico". A mi juicio, resulta imprescindible detenerse a analizar la contraposición de los modelos que ambos textos legales consagran. Para empezar, la "vieja LOSEN" fue aprobada por las Cortes el 30 de diciembre de 1994. Cabe suponerle, por tanto, la virtud de compendiar todo el saber, de resumir la puesta al día del pensamiento socialista después de la experiencia de 12 años de gobierno.
La LOSEN articulaba el sector eléctrico en torno a un sistema integrado y un sistema independiente. El sistema integrado era aquel que se planificaba conjuntamente, se explotaba unificadamente, la energía en él generada "se integraba económicamente" y la tarifa era única. No se pierdan la definición de "explotación unificada que da el artículo 31: "La explotación unificada del sistema eléctrico es un servicio público esencial de titularidad estatal que tiene por objeto la optimización del conjunto de actividades de producción y transporte realizados en el ámbito del sistema integrado". El sistema independiente, por su parte, quedaba sometido a la autorización potestativa de la Administración General del Estado, condicionada a su vez por los criterios de la planificación y por su eventual incidencia en el funcionamiento del sistema integrado.
Como ven ustedes, no falta de nada: planificación, el Estado optimizando las actividades empresariales, todo ello aderezado con algún arcano como "la integración económica de la energía". La ignota apertura del sistema independiente, pasada por la piedra de la planificación y condicionada a la evaluación de sus efectos sobre el sistema integrado. Siempre he pensado que toda nueva inversión afecta al tejido productivo existente. Es la esencia de la competencia y del progreso técnico y económico. Difícil me resulta imaginar que se deduzca algún progreso de un proceso inversor condicionado a la voluntad del funcionario y a que no afecte a lo que ya existe. Será "progresista", pero no me cabe duda de que inhibirá el progreso, incrementará la burocracia y hará recaer sobre la Administración la responsabilidad de decidir sobre inversiones billonarias, ejercida con una mano mientras que con la otra optimiza, de paso, el funcionamiento de los grupos de generación. Estas responsabilidades administrativas siempre se han saldado en los hombros de los sufridos consumidores.
La Ley del Sector Eléctrico de 27 de noviembre de 1997 establece que "la producción de energía eléctrica se desarrolla en un régimen de libre competencia basado en un sistema de ofertas de energía eléctrica realizadas por los productores y un sistema de demandas formulado por los consumidores que ostenten la condición de cualificados, los distribuidores y los comercializadores". La nueva ley consagra el principio de libertad de establecimiento, devolviendo a las empresas el protagonismo en la asunción de riesgo que toda decisión de invertir comporta. La ley establece el derecho de todos los consumidores a elegir sumistrador, crea las sociedades comercializadoras y fija las líneas principales de un imprescindible periodo transitorio para transferir a los agentes económicos la responsabilidad de sus actos. Primera evidencia, en fin: hay notables diferencias entre ambas leyes: las suficientes como para poder decir que, si hay competencia, será porque el nuevo marco legal permite, alienta y regula la competencia. Si hay competencia, será porque ha quedado felizmente derogada la ley impulsada por la Administración socialista.
Una segunda evidencia es que entre 1983 y 1996 (ambos inclusive) no se produjo ninguna bajada de la tarifa eléctrica. En 1997 la tarifa bajó un 3% y en 1998 un 3,63%. Es decir, que los sucesivos Gobiernos socialistas no supieron, no pudieron o no quisieron bajar la tarifa. Este Gobierno ha tenido la voluntad de hacerlo, lo ha hecho y lo va a seguir haciendo al menos durante los próximos tres años. Estas bajadas han sido posibles gracias a la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico, que suprimió el marco legal y estable, y, en segundo lugar, gracias al Protocolo que permitió adelantar a 1997 los efectos beneficiosos que el nuevo mercado de generación eléctrica iba a suponer.
Cuando a finales de 1996 se firmó el Protocolo, se estimaba que el coste de la generación de dicho ejercicio iba a situarse en torno a 8,50 pta/kwh. Igualmente se suponía que el mercado competitivo en generación iba a dar como resultado un precio en torno a 6 pta/kwh a partir del 1 de enero de 1998. Esta rebaja de 2,50 pta/kwh, suponía una teórica rebaja del 17,8% sobre un coste total (generación+ transporte+distribución+externalidades) de 14 pta/kwh, concentrada en un único ejercicio.Este Gobierno acordó con las empresas eléctricas repartir dicha reducción entre rebajas de tarifas, incrementos de retribución en distribución, transporte y régimen especial y abono de los denominados costes de transición a la competencia (CTC). La rebaja de tarifas, a su vez, se escalona a lo largo de cinco años. En resumen, este Gobierno tomó la decisión de elevar a las Cortes un proyecto de ley que suprimía el "marco legal estable" aprobado por el Gobierno socialista y tuvo además la habilidad de adelantar sus efectos beneficiosos y extenderlos a lo largo de cinco años. Por eso el Protocolo fijó rebajas de tarifas para el periodo 1997-2001, fijó la posibilidad de incrementarlas en función de la evolución de los tipos de interés y de la demanda y, por último, definió los CTC como variables de ajuste cuyo importe a recuperar anual era en función de la evolución de las demás variables. Es decir, por primera vez se garantizaron rebajas de tarifa y no retribución a las inversiones de las compañías eléctricas, filosofía radicalmente contraria a la vigente hasta entonces.
Pasando a otro tema, el señor Martínez Noval afirma que el mercado de la electricidad es una pura ficción literaria. ¡Hombre!, literaria es, puesto que la prensa económica publica resultados diariamente. En cuanto a lo de ficción, no me parece que decidir el destino de algo más de un billón de pesetas al año pueda calificarse como tal. Por supuesto, hay que incrementar el número de oferentes y demandantes, y en ello estamos. La nueva ley otorga al Gobierno la capacidad de regular el proceso de apertura del mercado a lo largo de 10 años. El próximo paso es llegar con carácter inmediato a no menos de 2.000 demandantes de energía eléctrica con capacidad de elegir, y antes de 1999 procuraremos que se superen los 8.000. Pero, a nuestro juicio, es esencial que los mecanismos técnicos de las seis subastas (una en el mercado diario y cinco en el intradiario) que se realizan diariamente funcionen a la perfección y que la regulación de todo el suministro de electricidad se desarrolle con seguridad absoluta. Hemos iniciado un camino por el que hay que avanzar aceleradamente pero sin permitirnos un solo fallo.
A estas alturas, debo confesarles que me siento un tanto ridículo discutiendo de liberalización con el señor Martínez Noval. Si me permiten una disgresión, les contaré que este verano tuve oportunidad de leer un estudio sobre la persecución de los judíos por la Inquisición, cuyo autor es el profesor Netanyahu, padre del actual primer ministro israelí. Pues bien, una de las formas habituales que la Inquisición utilizaba para comprobar la autenticidad de las conversiones era obligar al interfecto a comer cerdo durante 100 días seguidos. En fin, no sé si el señor Martínez Noval es un inquisidor que quiere obligar a comer cerdo a un enamorado del porcino ibérico, un converso auténtico presumiendo de sus cien días de prueba o un falso converso, un marrano (así se llamaron los conversos que volvieron al judaísmo) en potencia, que con tal de salir del paso es capaz de cualquier cosa. Digo esto con el máximo respeto por cualquier religión, creencia o ideología, pero no me encuentro debatiendo sobre si el grado de liberalización es suficiente con quien, cuando tuvo la oportunidad, renegó del mercado y apostó por la planificación y cuando tuvo ocasión no concedió la capacidad de elegir suministrador a consumidor alguno.
Me resta hablar de los costes de transición a la competencia. Tres apuntes. Primero: su importe global se calculó recortando en un 32,5% los ingresos esperados por el sector de acuerdo con el "marco legal y estable" socialista. Segundo apunte: señala el señor Martínez Noval en su alegato que "Piqué no puede olvidar que el Congreso no reconoció derecho alguno a los beneficiarios de los CTC". Me limitaré a la lectura de la Disposición transitoria sexta de la ley: "Se reconoce la existencia de unos costes de transición al régimen de mercado competitivo... de las sociedades titulares de instalaciones" incluidas en el marco legal y estable.
Más aún: "Se reconoce... la percepción de una retribución fija... que se calculará... como la diferencia entre los ingresos medios obtenidos por estas empresas a través de la tarifa eléctrica y la retribución reconocida para la producción".
En resumen, el texto de la ley guarda un delicado equilibrio entre el reconocimiento de unos costes de transición, el reconocimiento de la percepción de una retribución específica para atenderlos y el hecho de que el importe de esta retribución dependa de la evolución de las tarifas. Como ya he señalado, el sistema garantiza bajadas de tarifas y subordina a éstas el ritmo de percepción por las empresas de la retribución inherente a los costes de transición.
Tercer apunte: el sistema descrito no es fruto directo del debate parlamentario. El Protocolo firmado en diciembre de 1996 y el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros del día 23 de mayo de 1997 ya recogen el cálculo por diferencias de los TCT y, por tanto, su subordinación a la evolución de las tarifas.
Termino ya. Es evidente que entre la LOSEN de 1994 y la Ley del Sector Eléctrico de 1997 hay una diferencia abismal. Es evidente que el actual Gobierno ha bajado las tarifas dos años seguidos y que los Gobiernos socialistas no lo hicieron a lo largo de los 14 años que tuvieron esa responsabilidad. Es evidente que el funcionamiento de los grupos de generación eléctrica y el coste de la misma se decide a través de una subasta competitiva y antes se decidía en los despachos. Es evidente, en fin, que el señor Martínez Noval entiende con dificultad los planteamientos de la liberalización eléctrica. Estas dificultades de comprensión y su ansiedad por abrirse un hueco personal en el panorama opositor, que lleva tiempo adquirir, le han llevado a negar lo evidente.
