Sólo PNV y PSE apoyan la operación de traslado de la Diputación de Vizcaya

El plan de la Diputación vizcaína de pagar su futura sede en Abandoibarra con la permuta de 19 inmuebles de su propiedad en Bilbao recibió ayer el respaldo de las Juntas Generales. El apoyo se circunscribió, sin embargo, a los partidos del equipo de gobierno, PNV y PSE. La oposición se abstuvo -IU y PP- o votó en contra -caso de HB e Iniciativa Ciudadana Vasca (ICV)-, empleando argumentos coincidentes: las dudas que les plantea una operación de 15.000 millones de pesetas y la "excesiva prisa" en llevarla a cabo.

La comisión institucional fue ayer el primer foro -el jueves volverá a tratarse en el Pleno de la Casa de Juntas de Gernika- donde se debatió lo que será la operación inmobiliaria más importante realizada hasta ahora en Euskadi, que prevé culminarse en el año 2004 con la ocupación de la torre de 30 pisos proyectada en Abandoibarra. Pese a la importancia del asunto, el debate fue sosegado, como admitieron varios portavoces en sus intervenciones, pero evidenció la diferencia de criterios entre el gobierno de la Diputación y la oposición. Aunque todos los grupos apoyaron la idea de concentrar en una zona las oficinas administrativas y departamentos forales -ahora dipersos por Bilbao-, la forma de su ejecución evidenció las disparidades. Los diputados de Presidencia, José Luis Bilbao, y Hacienda, Fernando Olmos, desgranaron la operación ya presentada públicamente el pasado 8 de septiembre: lograr los 15.000 millones de pesetas que costará la torre de Abandoibarra mediante la permuta de 19 inmuebles que suman 40.000 metros cuadrados. La clave del magno plan es la recalificación de estas propiedades, decisión que corresponde al Ayuntamiento de Bilbao. Según el proyecto foral, se convertirían en viviendas, locales comerciales, oficinas e incluso hoteles. Los responsables forales incidieron en el "coste cero" y la transparencia de la operación. "Es voluntad de la Diputación que la transparencia prime en todo el proceso", dijo Bilbao, quien garantizó la intervención de las Juntas, "que incluso pueden paralizarlo". Txema Pico (HB) fue el más crítico. "No sabemos todavía cuánto costará, si lo hará la Diputación o una empresa privada, puede ser que el Ayuntamiento no haga las recalificaciones. Es mejor hacerlo con pausa". Ángel Líbano (ICV) pidió paciencia y Txema Fernández (IU) calificó de "acto de fe" la aprobación del plan. "Tengo dudas razonables". Carlos Olazabal (PP) coincidió en la existencia de claroscuros en una operación que se presenta "con muchas incertidumbres".