Miles de mexicanos vuelven a Tlatelolco para exigir una investigación sobre la matanza

La bandera nacional ondeó a media asta en Ciudad de México, la Asamblea legislativa se reunió solemnemente en señal de duelo y miles de mexicanos coparon ayer la plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, exigiendo la apertura de archivos y el procesamiento de quienes hace 30 años barrieron a balazos una concentración estudiantil más libertaria que empeñada en la democratización del autoritario régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 69 años en el poder. En la matanza perpetrada por tropas del Ejército murieron más de cien personas.

La versión oficial rebaja la cifra a 28 muertos, varios cientos de personas más resultaron heridas y cerca de dos mil fueron perseguidas a bastonazos y detenidas. La Universidad Nacional Autónoma de México rindió un homenaje a quien fuera su rector aquel año, Javier Barros, solidario con los estudiantes; los senadores se pronunciaron por el "nunca más otro 2 de octubre", y la Comisión Especial del Caso 68 agradeció la apertura del Archivo General de la Nación, pero protestó por el cierre de los archivos del Ejército, fundamentales para conocer la verdad.Un decreto de la Gaceta del Distrito Federal ordenó izar la bandera a media asta en todos los edificios públicos, mientras líderes universitarios ahora funcionarios, diputados o escritores, miembros del Consejo Nacional de Huelga y de la Coalición de Maestros del 68, intelectuales y dirigentes del PRI y de la oposición acudían a Tlatelolco. La actriz Julieta Egurrola, de luto, también asistió. "La pérdida de vidas es lo que más duele. Los jóvenes de ahora no se imaginan que antes no podíamos manifestarnos libremente, tampoco vestirnos y peinarnos como más nos gustase, y menos decir lo que pensábamos". No lo permitía el presidente mexicano durante la matanza, Gustavo Díaz Ordaz, un hombre de verdad, pues negaba a las mujeres la suficiente capacidad de abstracción para identificar lo principal de las cosas. "Era un macho, y creía que yo no tenía capacidad mental para analizar muchas cosas", admitió su amiga íntima la actriz y senadora mexicana Irma Serrano, más conocida como La Tigresa en los ambientes que le son propios. Años antes de aquel 2 de octubre, el gobernante prácticamente vivía en casa de una mujer que escuchó confidencias de alcoba y jura sobre la tumba de su madre que Díaz Ordaz no ordenó disparar sobre los estudiantes porque el día de autos se hallaba fuera de Ciudad de México. Serrano acusa a quien fuera su secretario (ministro) de Gobernación, Luis Echeverría.

Insultos a Echeverría

"El señor [Díaz Ordaz] azotaba las puertas cuando se enteró. Estaba histérico. Lo llenó [a Echeverría] de injurias que yo misma no puedo repetir", testificó la intérprete, una dama de carácter siempre a la vera de los focos y el poder. Culpable o no Echeverría, cierto o no que Díaz Ordaz nada supiera sobre la orden de abrir fuego y que llamase asesino a su ministro, se cumplió otro aniversario sin mayores novedades en el esclarecimiento de aquellos hechos.Ninguno de los Gobiernos posteriores a la matanza promovió una investigación a fondo argumentando que la memoria está demasiado viva, muy cerca del dolor y emociones de los mexicanos. Eso se llama encubrimiento, denuncian los familiares de las víctimas y las personas con ellas solidarias. También se excusó el actual secretario de Gobernación, Francisco Labastida, para quien abrir los archivos de la Secretaría de Defensa Nacional es una decisión que corresponde al Ejército, cuyos mandos atribuyeron la salvaje reacción de las tropas a una provocación efectuada desde las azoteas de Tlatelolco por francotiradores.

Mucha de la documentación sobre lo acontecido fue mutilada y faltan datos acerca de las instrucciones recibidas por la jefatura castrense enviada a controlar la concentración y por los militares vestidos de civil del Batallón Olimpia, coordinados con comisarios del Ministerio del Interior. Ese batallón fue creado para asegurar el desarrollo de los Juegos Olímpicos que poco después hubo en México. En 1971, por instrucciones del presidente Luis Echeverría, el fiscal Pedro Ojeda ordenó a Fernando Narváez, director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República (PGR), que le entregara el expediente del 68; en total, 30 tomos de 100 a 200 folios cada uno. No fue devuelto.