Jueces para la Democracia rechaza el bilingüismo judicial obligatorio

El 13º congreso de Jueces para la Democracia (JpD), que se clausura hoy, negó su aprobación a la propuesta de que el juez debe "comprender directa y personalmente, sin intermediarios", el idioma en que se exprese el ciudadano que comparezca ante él. El rechazo de gran parte de la ponencia sobre cooficialidad lingüística, que fracturó a JpD en Euskadi, ahondó ayer las tensiones en el seno de esta asociación progresista y minoritaria.Aunque por escaso número de votos, el congreso rechazó la mencionada propuesta de obligar al juez a ser bilingüe y su consideración como "un deber ético y profesional", para lo que se querían exigir "reformas legislativas inaplazables" a las autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. En cambio, fueron aprobadas por amplia mayoría declaraciones generales, como la de que, 20 años después, se está "aún lejos del horizonte de cooficialidad real que proclama" la Constitución, por lo que hay que remover los obstáculos para que los ciudadanos se dirijan a los tribunales en su lengua y los jueces cuenten con "recursos idóneos" para comprenderlos.

Las votaciones sobre el bilingüismo judicial y el tenso debate que las precedió evidenciaron la existencia de dos sensibilidades, centrífuga y centrípeta, que se manifestaron en las desconfianzas mutuas a la hora de presentar candidatos para renovar la dirección colegiada de JpD. Ante estas susceptibilidades, Manuela Carmona, vocal del Consejo General del Poder Judicial, advirtió que hay que estar preparados para el debate autonómico, que supera el del bilingüismo tras la tregua de ETA. Otro elemento de división fue la propuesta de seis magistrados, encabezados por Perfecto Andrés, de que se expresara la preocupación por la actitud de los socialistas ante la sentencia del caso Marey.

La aprobación del comunicado de satisfacción por la tregua de ETA, en el que se pide que cese el alejamiento de sus presos, suscitó un debate en el que el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, tras mostrarse favorable a toda medida humanitaria, afirmó que el desistimiento de ETA en su actividad se ha producido "en el marco de un funcionamiento adecuado del Estado de derecho".