Ruiz-Gallardón eleva a 131.000 millones el plan para la enseñanza negociado con los sindicatos

Ni los 118.000 millones que el consejero de Educación, Gustavo Villapalos, negoció con los sindicatos; ni los 125.000 millones que el portavoz del PSOE, Jaime Lissavetzky, sugirió el pasado fin de semana. El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, elevó ayer hasta los 131.000 millones de pesetas su compromiso de financiación adicional para elevar la calidad de la educación no universitaria en Madrid durante los próximos cinco años. Por el esbozo que ayer se ofreció, el plan es un calco del que diseñaron UGT y CCOO, sólo que con más dinero para conciertos con centros privados.

Ruiz-Gallardón desmenuzó su compromiso con la escuela pública durante el último tramo de su discurso de ayer. Prometió la homologación salarial de profesores y personal laboral no docente, el incremento de plantillas, la escolarización total para los chiquillos de tres a seis años, la formación permanente del profesorado, programas de compensación educativa en los distritos más desfavorecidos, mejoras en los servicios complementarios (comedores y transporte), incremento en la oferta de las enseñanzas artísticas, de idiomas y para adultos y reforma de equipos e infraestructuras.Todo ello, punto por punto, figuraba ya en el documento que discutieron durante cuatro meses los responsables regionales de Educación con sus interlocutores de Comisiones Obreras y UGT, unas negociaciones que el Ejecutivo madrileño terminó deslegitimando. El PP y los secretarios generales de los sindicatos se han intercambiado en las últimas semanas los peores calificativos de la legislatura -"embusteros", "asilvestrados", "dóbermann"- por un asunto en el que, básicamente, estaban de acuerdo.

El texto original y el anuncio de ayer difieren en 13.000 millones de pesetas. El secretario de Educación del sindicato CCOO, Jaime Cedrún, interpretó que el incremento se debe, en parte, a la extensión de la gratuidad de la educación infantil (tres a seis años) a los centros concertados que imparten esa etapa. Este aspecto se barajó en la primera fase de las negociaciones con un cálculo de 6.050 millones, pero la consejería lo había retirado ante la oposición sindical a la "privatización de la enseñanza infantil".

Otro elemento para la discrepancia se encuentra en el incremento salarial que les espera a los 39.616 docentes públicos de la región. Ruiz-Gallardón dijo ayer que la homologación se realizará hallando la media de retribuciones "en las comunidades con sistema de financiación igual a Madrid: Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía". Ello significa suprimir del cálculo las tres regiones con mejores salarios para los docentes (Canarias, País Vasco y Navarra).

Durante 1998, un maestro gallego percibe 3.187.200 pesetas, frente a las 3.169.620 de Cataluña, 3.123.984 en Valencia y 3.037.464 en Andalucía. Si se extrae la media y se compara con los emolumentos de un maestro madrileño (3.036.540), resulta que la subida rondará las 7.000 pesetas mensuales. Muy lejos de las 21.500 a 23.000 pesetas que el Gobierno había apalabrado con las centrales sindicales.

El viceconsejero de Educación y máximo artífice de las negociaciones, Raúl Vázquez, no quiso pronunciarse ayer sobre este particular. "Nunca se ha dado una cifra oficial sobre equiparaciones salariales", objetó.

El primer año de este plan de choque (1999) se consagrará a la mejora de los edificios escolares ya existentes: 15.000 de los 28.000 millones totales de esta partida se gastarán durante este ejercicio venidero. Para construcción de nuevos institutos, el ministerio irá aportando 54.590 millones más en el periodo comprendido entre 1999 y el 2003.