El Consell aprueba un decreto sobre máquinas tragaperras que beneficia a los grandes del sector

El Consell aprobó ayer un nuevo reglamento sobre máquinas recreativas y de azar, conocidas como tragaperras, que beneficia a los grandes del sector, esencialmente las sociedades Cirsa y Franco, que se disputan el liderazgo de un mercado que movió durante 1997 en el conjunto del Estado, en las denominadas máquinas B, la friolera de 1.249.966 millones de pesetas, una cantidad superior al presupuesto de la Generalitat. Sólo en la Comunidad Valenciana, el gasto de los ciudadanos en máquinas B, las que ofrecen premios en metálico, durante 1997 ascendió a 134.246 millones, según la Comisión Nacional del Juego del Ministerio de Interior, recogidos en la memoria del ejercicio pasado.

La nueva regulación eleva la cuantía máxima de los premios que pueden ofrecer las tragaperras de 5.000 a 10.000 pesetas. Permite homologar nuevas máquinas que concedan premios de hasta 25.000 pesetas. Reduce la presión administrativa sobre el operador de las tragaperras puesto que las fianzas necesarias para instalar máquinas disminuyen. Hasta la fecha, los empresarios estaban obligados a depositar una fianza de 50 millones de pesetas si disponían de una cantidad de máquinas instaladas entre 101 y 300. Ahora, con sólo cinco millones se considera avalada la instalación de 50 máquinas. Y sólo se exigirá una cantidad equivalente por cada paquete de 50 nuevas tragaperras dispuestas para tentación del público. El decreto establece que las fianzas tendrán carácter indefinido, renovables automáticamente de tres en tres años, salvo denuncia en contra que debe ser notificada con un plazo de antelación de seis meses. Pero la novedad más significativa es la obligación impuesta a los bares de contratar las dos máquinas tragaperras para las que se les concede autorización con un solo operador. Según José Joaquín Ripoll, portavoz del Consell, la denominada "exclusividad en la explotación" persigue evitar la "rotación" en las máquinas de los bares para garantizar un efectivo "control administrativo y fiscal" de las mismas. Ripoll aseguró que el nuevo reglamento sobre tragaperras ha sido consensuado y elaborado con "la unanimidad de todo el sector". Pero, de hecho, la exclusividad beneficia a los grandes operadores que son los únicos que pueden permitirse renovar las máquinas y ofrecer las últimas novedades para señuelo de jugadores. La incapacidad de los operadores pequeños para competir limita su capacidad de competencia. Además, las dos grandes empresas del sector, Recreativos Franco y Cirsa, han desarrollado una política de participación en otras operadores menores que asumen la distribución y mantenimiento de las tragaperras y que les colocan en una posición de absoluto dominio sobre la competencia. Interrogado sobre el volumen de juego en máquinas tragaperras en la Comunidad Valenciana, Ripoll sólo comentó que las 93 salas de juego operativas en territorio valenciano durante 1995 se habían reducido a 90 en 1996. El portavoz del Consell aseguró no disponer de los datos correspondientes a 1997, publicados en la memoria de la Comisión Nacional del Juego del Ministerio de Interior. Según los mismos, el número de máquinas B en la Comunidad Valenciana era de 23.146 en diciembre de 1996 y pasó a 24.704 un año después, un crecimiento del 6,7%. El número de salones de tipo B en diciembre de 1997 se elevaba a 119. Y el volumen jugado en la Comunidad Valenciana en máquinas B ascendía a 134.246 millones, sobre un total estatal de 1.249.966 millones.