El Gobierno destina 1.700 millones a zanjar la crisis de Minas de Riotinto

La crisis de la cuenca minera de Huelva comienza a suavizarse. El Gobierno central tramita una inversión de 1.700 millones de pesetas, procedentes de los fondos de cohesión de la Unión Europea (UE), en la empresa Minas de Riotinto Sociedad Anónima Laboral (MRT-SAL). Esta empresa se declaró en suspensión de pagos la pasada semana, debido a la caída en picado en los mercados internacionales del precio del cobre, su principal fuente de riqueza.

Mientras, la Junta de Andalucía ha iniciado la elaboración de un plan alternativo de empleo encaminado a crear actividades paralelas a la minería en la zona, como la agricultura, donde puedan trabajar los operarios de MRT que queden excedentes tras la aplicación del plan de viabilidad presentado por la empresa. Las Administraciones central y autonómica, cada una por su lado, se han puesto a buscar soluciones para salvar a MRT-SAL de una crisis que consideran coyuntural, debido a que el cobre se cotiza actualmente en los mercados a 1.600 dólares por tonelada, cuando sólo resulta rentable a partir de los 2.000. MRT-SAL, empresa emblemática de la cuenca minera onubense, que en agosto de 1995 pasó a manos de los trabajadores después de ser explotada durante décadas por una compañía multinacional, tiene actualmente 700 operarios y deberá reducir la plantilla a casi la mitad. El Ejecutivo central aportará 2.700 millones de pesetas, que proceden de los fondos de cohesión de la UE, para el denominado Plan de Recuperación Medioambiental de Tejoneras, cuyo objetivo reside en la limpieza de unas grandes escombreras de desechos de oro, otra producción de la mina, existentes en la zona. Ese proyecto está incluido en el plan de viabilidad realizado por la compañía. El acuerdo se alcanzó el pasado fin de semana tras una reunión del ministro de Trabajo, Javier Arenas, y del presidente provincial del Partido Popular (PP) de Huelva, Matías Conde, con Ricardo Gallego, director de MRT-SAL. Desde el PP onubense se abogó ayer como salida a la difícil situación que atraviesa esta empresa por el desarrollo del plan de viabilidad, que deberá ser consensuado entre el Gobierno central, la Junta, los sindicatos y la propia MRT. Matías Conde, de todos modos, lanzó ayer dardos envenenados contra la Junta: "Hemos detectado una evidente falta de sensibilidad del Gobierno de Manuel Chaves hacia la minería onubense. A la Junta no le han interesado tradicionalmente los problemas del sector: se han ido cerrando yacimientos y poniendo en la calle paulatinamente a los mineros. Además, la Junta siempre ha establecido condicionantes y presiones a sus ayudas económicas a MRT", señaló el presidente provincial del Partido Popular de Huelva. Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, el socialista Juan Ceada, aseguró ayer que la Junta está dispuesta a seguir colaborando con MRT. "Nosotros hemos subvencionado a la empresa con 1.800 millones de pesetas desde 1995 y el Gobierno central únicamente con 650 millones", dijo. Y añadió: "La Junta va a realizar las gestiones necesarias para que una parte del patrimonio de MRT pueda ser ignorado, es decir, convertido en dinero líquido por una entidad bancaria". El delegado del Gobierno andaluz en Huelva considera que la Junta "ya ha demostrado sobradamente su interés por la supervivencia de esta empresa. Ahora ha llegado el turno al Gobierno de José María Aznar, que en los Presupuestos destina 65.000 millones de pesetas a la minería del carbón de Castilla-León y Asturias". Iniciativas parlamentarias El PSOE de Huelva ha adoptado una serie de iniciativas parlamentarias en torno a MRT-SAL. El senador socialista Antonio García Correa pondrá hoy miércoles una interpelación, dirigida al ministro de Industria, Josep Piqué, en la que pedirá para la cuenca minera onubense un porcentaje de dinero semejante al que se destina a otras zonas españolas de las mismas características, lo que supone unos 6.500 millones de pesetas anuales. García Correa dijo ayer: "Los trabajadores merecen un premio. Han realizado un gran esfuerzo para mantener sus puestos laborales e incluso han renunciado en el transcurso de los años a parte de su salario".