El Gobierno dará de alta a los profesores de religión de primaria

Un ultimátum de la Consejería de Educación de Andalucía ha dado el vuelco a la situación por la que atravesaban los profesores de religión en todo el país. Una paga exigua no les permitía darse de alta en la Seguridad Social y trabajaban de manera ilegal en los colegios. El Ministerio de Educación acepta las quejas que le han llegado desde el sur y reconoce su responsabilidad. 4.000 millones de pesetas harán el resto.En todo el país hay cerca de 9.000 profesores que imparten religión en primaria. De ellos, unos 6.130 no estaban dados de alta como autónomos en la Seguridad Social. Ésa era la situación de 2.323 docentes en Andalucía y el motivo por el que la Inspección de Trabajo en Cádiz, tras las denuncias de varios sindicatos, encaró la situación y el caso se vio en los tribunales, que fallaron en contra de la Consejería.

El consejero andaluz de Educación entabló conversaciones desde ese momento con los obispos del sur y con el propio ministerio para recordarles que no tenía transferidas las competencias sobre estos docentes, que son propuestos por la Conferencia Episcopal para ejercer su labor en los centros de primaria.

Es el ministerio el encargado de la retribución económica de los profesores de religión y de adoptar las medidas oportunas para que sean incluidos como trabajadores autónomos en la Seguridad Social. Así lo recoge el acuerdo que en 1993 se firmó entre la Conferencia Episcopal y el Ministerio de Educación. En el texto se detalla además un incremento salarial progresivo para estos trabajadores hasta 1998, lo que no se ha cumplido. Su sueldo no alcanza en muchos casos las 85.000 pesetas, y de la Seguridad Social nadie sabía nada.

Las denuncias contra la Administración educativa andaluza llevaron a su titular, Manuel Pezzi, a adoptar una medida drástica: los profesores de Religión no darían clase en las aulas de la región si el ministerio no regularizaba su situación. Se concedió una moratoria inicial de ocho días a los obispos para que estos docentes pudieran incorporarse con normalidad al inicio del curso escolar y planificar sus clases; y un plazo que finalizaba el día 25 de este mes para que el ministerio les diera de alta como autónomos.

El día 24 llegó la carta a la Consejería de Andalucía: "Los Ministerios de Educación y Trabajo van a proceder de inmediato a la incorporación de todos los profesores de religión Católica [...] a la Seguridad Social", decía la misiva ministerial.

La medida fue comunicada a la Conferencia Episcopal, que mostró su conformidad y, a partir de ese momento, la Consejería daba el visto bueno para designar a los docentes propuestos por el organismo religioso.

En el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999 se incluye un incremento del crédito presupuestario destinado a la retribución del profesorado de religión por valor de 4.000 millones de pesetas, que permitirá afrontar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Ése ha sido el compromiso que la ministra Aguirre le hizo llegar al consejero andaluz y que viene a resolver los problemas de estos docentes en todo el país.

La Consejería de Educación espera que, una vez resuelto el caso por la vía política, se solucione también judicialmente y la Inspección de Trabajo en Cádiz dé marcha atrás. La multa que se le impuso a la Administración andaluza ascendía a más de 1.000 millones de pesetas, pues preveía el pago retroactivo de cinco años de situación ilegal de los docentes en los centros de la comunidad.