Hoy comienza la fase testifical en la reanudación del 'caso Banesto'
El ex director general y ex consejero de Banesto Martín Rivas, el hombre que destapó la operación de 300 millones de pesetas en enero de 1994, días después de la intervención del banco, declara hoy como testigo, al reanudarse las sesiones del juicio oral del caso Banesto, sobre sobre los hechos por los que el fiscal solicita para Mario Conde, único acusado, 8 años de prisión mayor, según el viejo Código Penal o 7 años de prisión y multa de 12 meses hasta un máximo de 18 millones, de acuerdo con el actual código penal.
Esta operación ocupará las sesiones de hoy y mañana, las del 5 y 6 de octubre para terminar el interrogatorio de los diez testigos citados en esta operación los días 13 y 14 de octubre.Todo empezó la mañana del 13 de enero de 1994, dos semanas después de la destitución de Mario Conde y el nombramiento de Alfredo Sáenz como presidente del consejo de administradores provisionales. Martín Rivas le llamó por teléfono:
-Mario, mañana veré a Alfredo Sáenz. Voy a contarle el tema de los 300 millones.
-Me parece muy bien...La verdad, Martín, la verdad por encima de todo.
A las nueve y media del 14 de enero, Sáenz y José Antonio Sáez de Azcúnaga, otro de los administradores provisionales, recibieron a Rivas, quien les narró los hechos. A mediados de enero de 1989, explicó Rivas, Mario Conde le había pedido que preparase 300 millones de pesetas para entregar a Adolfo Suárez por presuntos servicios prestados por el ex presidente del Gobierno ante el Banco de España.
El 2 de febrero de 1989, entregó en el paseo de la Castellana, entonces sede central de Banesto, 150 millones a Apolonio Paramio Andrés, llamado Pol , empleado de Banesto y hombre de confianza del presidente; dos meses más tarde, el 6 de abril de 1989, le dio otros 150 millones. En las dos ocasiones, el dinero se metió en bolsas deportivas color azul y éstas le fueron entregadas a Pol. La primera entrega la hizo Rivas a Pol en el garaje de Banesto; la segunda, Rivas llamó a su despacho para darle la bolsa.
Según narró Rivas, Conde le dijo que el dinero se restituiría y que, en todo caso, garantizaba con su "patrimonio personal". El dinero, pese a la insistencia de Rivas durante casi cinco años, nunca fue restituido entre los años 1989 y diciembre de 1993, excepto por el valor de 4,7 millones de pesetas, una cantidad procedente de dinero negro de la regional Barcelona de Banesto que se aplicó a reducir los 300 millones. Por tanto, la cantidad faltante quedó en 295.290.060 pesetas.
Martín Rivas fue incluido entre los primeros diez querellados de Banesto a pesar de destapar los hechos. El 21 de noviembre de 1994, Rivas declaró ante el juez Manuel García-Castellón. Le contó la misma historia que había narrado a Sáenz, por la que se encontraba en el banquillo del despacho del juez.
El juez García-Castellón llamó a declarar a Apolonio Paramio Andrés el 15 de diciembre de 1994. Pol había trabajado en los servicios de seguridad de la Unión de Centro Democrático (UCD), había sido escolta de Fernando Garro en dicho partido, y luego se incorporó a Antibióticos, donde hacía recados para Conde, y finalmente, a Banesto, donde ocupaba un pequeño despacho, contiguo al de la presidencia del banco.
Pol , al declarar, solo reconoció una de las dos entregas de dinero.
-En una ocasión, el señor Martín Rivas me llamó a mi despacho. Me dijo que por orden del presidente tenía que hacer un recado. Tenía que entregar una bolsa, en una dirección que me dio en la calle Goya, cerca del Palacio de los Deportes. Una persona acudiría a la dirección, preguntaría por mi, y yo debía entregarle la bolsa. No sé lo que contenía, era grande pero no sé cuanto pesaba.
El 19 de diciembre de 1994, Conde negó toda la historia narrada por Rivas. "Nunca le ordené retirar 300 millones de la caja, nunca le dije que respondería con mi patrimonio ni que fuera para entregárselos a Adolfo Suárez", dijo Conde. El juez citó a Rivas y sometió a ambos a un careo. Ambos se ratificaron.
El juez tomó más tarde declaración a una persona que podía confirmar algunos datos aportados por Rivas. Se trataba de Fernando Falero, director general adjunto del banco cuando ocurrieron los hechos. Falero fue testigo de una de las dos entregas en el despacho de Rivas. Ratificó la versión. Y volvió a citar a Pol , quien se ratificó y precisó:
-Martín Rivas me dijo que [la entrega] era por orden del presidente, que llevase ese paquete o bolsa a la dirección indicada. No recuerdo haber hablado con el presidente de este extremo.
El 22 de diciembre, el juez volvió a preparar un careo entre Conde y Rivas. Explicó los detalles aportados por Falero y les preguntó si se ratificaban. Ambos se mantuvieron en sus versiones. Conde una vez más lo negaba todo. El juez, según ordena la ley, dictó su opinión: "A mi criterio, las manifestaciones del señor Martín Rivas transmiten una mayor fuerza y credibilidad".
El juez García-Castellón tuvo olfato, según se podría comprobar cuatro años más tarde. En el juicio oral, el 10 de marzo de 1998,p Conde declaró que no había dicho "toda" la verdad en su versión ante el juez. Según explicó, había hablado, en efecto, con Rivas sobre los 300 millones y que aquél se ocupo de preparar el dinero, que, dijo, era para financiar al Centro Democrático y Social (CDS) de Adolfo Suárez, por servicios que éste último prestó a Banesto ante el Banco de España.
Según dijo Conde, la intervención de Suárez le ayudó a persuadir al entonces gobernador Banco de España, Mariano Rubio, para la aprobación de sus cuentas de resultados en febrero de 1.Conde explicó que la idea de contratar los servicios de Suárez para ayudarle había sido de su asesor de entonces, Antonio Navalón. También dijo que se trataba de un solo pago, no de dos operaciones.
¿Por qué decidió Conde cambiar? Hay razones jurídicas muy claras. La primera es que el 26 de febrero de 1998, el Tribunal Supremo, confirmó la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional en el caso Argentia Trust , y el ex banquero fue condenado a 4 años y 2 meses de prisión por un delito de apropiación indebida. El Tribunal Supremo señaló que se le condenaba por disponer de 600 millones de pesetas sin dar explicación coherente, no por "quedarse" como tal con el dinero.
Por tanto, el ex banquero sabía al comenzar su declaración sobre los 300 millones que sería condenado sin más de mantener su versión inicial.
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