El Consell ignora qué productos transgénicos se distribuyen aunque la ley obliga a vigilar su uso

El Consell tiene un total desconocimiento de cuántos, en qué cantidad y qué tipo de productos agroalimentarios modificados genéticamente se comercializan, se liberan en la naturaleza o se utilizan como alimento para ganado en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la ley 15/1994 que regula el uso de organismos transgénicos, cuyo reglamento quedó aprobado en junio del año pasado, establece que corresponde a las comunidades autónomas la vigilancia y el control, así como la imposición de sanciones que se deriven de las infracciones cometidas del uso de estos controvertidos productos. El grupo parlamentario de Esquerra Unida-Els Verds acaba de preparar una proposición no de ley en la que pide al Consell que regule la actividad.

La biotecnología es la ciencia que intenta conseguir beneficios específicos de los seres vivos mediante la introducción controlada y selectiva de ciertos rasgos útiles para el hombre. Y la ingeniería genética se ha convertido en una herramienta revolucionaria para los científicos a la hora de modificar genéticamente a ciertos organismos. Se trata de una tecnología reciente, puesto que las primeras alteraciones genéticas datan de 1973. Tan extraña y novedosa que, mientras ya está bastante desarrollada la producción y comercialización de estos productos, las comunidades autónomas todavía no han establecido los sistemas para vigilar y controlar el uso de unos productos que todavía originan muchas reticencias. La proposición de EU-EV pretende que la Generalitat elabore su propia normativa y cree un organismo de control, tal y como permite la ley y ya ha hecho Aragón. Europa no reguló la actividad mediante una directiva específica hasta 1990. Para que el Parlamento español elaborara una ley propia hubo que esperar otros cuatro años. Y es un real decreto de 1997 el que desarrolla, finalmente, mediante un reglamento el régimen jurídico "de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos genéticamente modificados a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente". Este reglamento establece severos controles para que las empresas que elaboren productos modificados genéticamente informen continuamente de sus actividades a la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB), dependiente del Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, una vez legalizado el uso de, por ejemplo, una nueva variedad vegetal, la empresa investigadora (que lógicamente ha patentado un producto cuyo desarrollo le ha costado mucho esfuerzo científico) puede distribuirla y comercializarla sin que la Administración, tanto nacional como autonómica, vigile que estos productos cumplan la ley. "En las fronteras de la Unión Europea, y sobre todo en Cataluña, están entrando productos transgénicos no segregados y prohibidos sin que la administración lo impida", denuncia Eva Hernández desde la organización ecologista Greenpeace, que asegura que "según los comisarios europeos, el país receptor del cargamento es el responsable de asegurar que éste no viola la legislación europea". Según Hernández, miles de cerdos de Castellón, Valencia o Alicante pueden estar comiendo en estos momentos, y sin que el Consell haga nada por impedirlo, variedades transgénicas prohibidas. Así, según Greenpeace, en Estados Unidos, principal productor de plantas modificadas genéticamente, están legalizadas siete variedades de maíz transgénico. Maíz que no es segregado y se exporta mezclado con el normal. La UE, donde sólo están legalizadas cuatro variedades, importa maíz (que incluye hasta un 2% de cereal transgénico) pero EE UU se niega a informar de las variedades que van mezcladas en las partidas. Ya han entrado cargamentos de este tipo en España (la empresa importadora asegura que el maíz es legal) y Greenpeace ha denunciado que nadie lo analiza pese a la declarada negativa estadounidense a distinguir entre las variedades. Resultado, el cereal, legal o ilegal, llega a los mercados de alimentación animal, principalmente de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, los distintos ministerios con responsabilidad en el asunto (Agricultura, Sanidad, Medio Ambiente, Educación, Industria y Economía) se remiten unos a otros a la hora de la responsabilidad. "Eso lo llevan las autoridades aduaneras", "eso depende de Consumo", "eso lo controla Medio Ambiente"... Igual pasa en la Comunidad Valenciana. La Consejería de Medio Ambiente dice que sólo tiene información sobre la investigación; la de Agricultura explica que no depende de ellos y remite a Sanidad; Sanidad tampoco controla y apunta que puede depender de Consumo, departamento ahora dependiente de Industria; e Industria informa que Consumo sólo controla aquellos productos que llegan al consumidor "comprobando exhaustivamente que cumplen los requisitos legales y se ciñen a lo que especifica su etiquetado". Nadie aclara si los cerdos de Castellón comen o no maíz prohibido por la UE.