Los propietarios de España

Estamos donde estábamos: aquí lo que se discute no es otra cosa que la "propiedad" de España. Es decir, el derecho de propiedad sobre el concepto de España. Hay quienes se consideran propietarios -¿por herencia?- del copyright. Ellos, y nadie más que ellos, son los únicos intérpretes fidedignos y autorizados de España, de su historia. De la historia que ellos -los suyos- han escrito, claro está. Cualquier interpretación que difiera de esa "su" historia, dirán que es fruto, sin duda, de la manipulación. Están instalados en su dogma y en él encuentran su cotidiano alimento espiritual: político y mediático. De aquí que, cuando alguien habla de una España plurinacional y pluricultural, se pongan de los nervios. No digamos, ya, si se habla de soberanía compartida. Entonces entramos en el terreno de la esquizofrenia. ¡Qué le vamos a hacer! Luego resulta que la España que más gusta a quienes se sienten propietarios de su copyright, aquella que fue cabeza de un imperio en que nunca se ponía el sol, era definida por Antonio Oliván, un erudito del siglo XVII, con estas palabras: "España era una federación de estados soberanos con leyes pactadas en contratos entre los ciudadanos y el Rey". Esta cita de Oliván fue aportada por el historiador Henry Kamen este verano, en El Escorial, durante el curso que sobre Felipe II organizó la Universidad Complutense madrileña. A principios del verano que ahora termina se hizo pública la "Declaración de Barcelona" firmada por Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco y el Bloque Nacional Gallego. ¡Nunca lo hubieran hecho! Políticos, intelectuales y opinadores de aquellos que se sienten propietarios del copyright de España pusieron el grito en el cielo. "Esa declaración es un torpedo a la línea de flotación de la Constitución", clamaban voces desde el socialismo. "La plurinacionalidad sólo se mantiene con regímenes autoritarios y represivos", decían desde de la derecha política carpetovetónica. Desde Santander, don Julián Marías, en representación de la intelectualidad más "ortodoxa", afirmaba con rotundidad, refiriéndose a los firmantes de la "Declaración de Barcelona". "Deberían avergonzarse de haber firmado ese documento porque es un disparate; es la violación de la realidad y la realidad es lo más respetado de este mundo". Pero el señor Marías, guardián de las esencias, va más allá y advierte a la concurrencia y público en general: "Estas son conductas abusivas y desleales por parte de algunas Comunidades Autónomas. Hace mucho tiempo recordé que el artículo 155 de la Constitución prevé y estipula lo que se debe hacer en estos casos. Nadie parece conocerlo y recordarlo". Recordemos, pues, aquí y ahora, para complacer a don Julián, lo que "prevé y estipula" el citado artículo 155: "1.- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuase de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2.- Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas". O sea, que hay que llamar a los guardias, es decir, a la autoridad competente. Como siempre. Estamos donde estábamos. El 27 de septiembre de 1994 se celebraba en el Senado el debate sobre el estado de las Autonomías. Asistían al mismo los presidentes de cada Comunidad Autónoma quienes, por primera vez, podrían intervenir expresándose en la lengua propia de su comunidad. Gallego, catalán y euskera iban a ser utilizados junto al castellano en la Cámara Alta, la que dicen que es la Cámara territorial. Para algunos, sin embargo, aquello era una "provocación". España, poco menos que podía hundirse. Los tertulianos coperos ponían el grito en el cielo. Luis María Ansón, publicó una portada en ABC en la que, junto a una fotografía a toda página del Rey, vestido de Capitán General de las Fuerzas Armadas, y bajo el título de "España, España", recordaba al ejército su papel de defensor de la unidad de la patria, citando el artículo 8 de la Constitución. Para Luis María Ansón, el hecho de que en el senado se utilizasen las otras lenguas del estado, junto al castellano, le parecía un peligro para la unidad "de los hombres y las tierras de España". Y llamaba "a los guardias" para que estuviesen alerta. Nada tiene de particular, por tanto, que ante documentos como la Declaración de Barcelona, se pongan como se ponen. ¿Qué es eso de la España plurinacional?. ¿Qué es eso de la soberanía compartida? España es lo que es. Lo que "ellos" dicen que es, claro. No hay otra concepción de España. Ellos tienen el copyright. Ellos son los propietarios. A los nacionalistas, como ha dicho alguien, hay que ponerlos en su sitio. Pero, ¿en qué sitio?. Esa es la cuestión. Porque, se quiera o no, los nacionalistas forman parte de la realidad, de esa realidad a la que, según don Julián Marías, los nacionalistas "violan" con sus documentos. Por lo tanto, ¿en qué sitio se quiere poner a los nacionalistas?. ¿Fuera de la realidad? Eso es imposible. Entonces... Francesc de P. Burguera es periodista