El fiscal pide el archivo del "caso de las tarifas aéreas" por no ser delito
El fiscal anticorrupción ha solicitado el archivo de las actuaciones que se siguen en la Audiencia Nacional contra las compañías aéreas Iberia, Spanair y Air Europa por estimar que la subida de las tarifas que se produjo en abril de 1997 no fue constitutiva de delito. El fiscal cree que los nuevos precios no fueron fruto de acuerdos para difundir noticias falsas o engañosas y que los directivos de las sociedades citadas no se concertaron para alterar el precio resultante de la libre concurrencia de mercado.
El fiscal Vicente González Mota, encargado del caso, ha reclamado al juez Juan del Olmo el archivo porque, según se desprende de las investigaciones realizadas hasta el momento, la subida de las tarifas no constituyeron delito."Si se acabó la denominada guerra de las tarifas entre las compañías", dice el fiscal, " el cese no fue por maniobras prohibidas por el Código Penal, sino por otras causas cuya valoración, una vez afirmada la no punibilidad de las mismas, escapa a la competencia de la instrucción penal. No es competente de este procedimiento enjuiciar las estrategias económicas de las empresas y las valoraciones y análisis que pueden efectuarse sobre las repercusiones que las mismas puedan tener en la competencia, sino centrarse en la valoración jurídico penal".
Según el querellante, Pablo Antonio Iglesias Perini, las tres compañías subieron los precios como consecuencia de "una conspiración para delinquir entre dichas empresas, difundiendo noticias falsas de que la subida fue consecuencia del alza del dólar y del precio del combustible, así como empleando engaño consistente en aprovechar la firma de una acuerdo llamado "interline". Este acuerdo permite intercambiar los billetes de clase preferente de Spanair y Air Europa con los de la clase flexible de Iberia. Poco después Spanair y Air Europa subieron sus tarifas e igualaban sus precios a los de la tarifa flexible de Iberia.
No se concertaron
El hecho de que Spanair y Air Europa igualaran los precios de los billetes interlínea con los de Iberia y que estas compañías sean dominantes en un mercado en el que no oferta quien quiere sino quien puede, dice el fiscal, "no significa que se concertaran las personas inculpadas en el procedimiento y las sociedades de las que son directivos para alterar el precio que deba resultar de la, aunque limitada, libre concurrencia del mercado aéreo".El fiscal dedica una especial referencia a la actuación del querellante, ya que además de reclamar judicialmente como ciudadano ha creado la denominada Asociación para la Defensa de la Competencia y la Protección de los Consumidores y Usuarios, con ocho afiliados, de la que es presidente, también personada en la causa. De ello resulta que Iglesias es el único acusador aunque con doble personación.
El fiscal critica también la carta enviada por Iglesias a American Airlines donde advertía que Iberia podría tener que indemnizar con 600 millones de dólares, extremo falso, porque no se ha producido delito alguno y por tanto no cabe indemnización.
