El Ayuntamiento afirma que no puede retener a los niños "ilegales"

El concejal de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona, Agustí Soler, manifestó ayer que el principal problema que existe con los menores que son explotados y utilizados para delinquir por adultos inmigrantes es que existe un vacío legal que no permite retenerlos en los centros de acogida ni identificarlos para paliar el problema. Soler aseguró que ayer mismo habló con la diputada Pilar Rahola para encontrar una solución al asunto y que podría pasar por reformar el Código Penal.

Esta cuestión se concretará en la reunión que el próximo lunes mantendrán responsables de diversas administraciones para tratar el problema. El concejal de Derechos Civiles explicó que actualmente no hay menores en estos centros de acogida porque "han aprendido" a escaparse a raíz de las amenazas que reciben de los adultos. Por su parte, las entidades de voluntarios que trabajan para ayudar a los menores inmigrantes que se encuentran en situación ilegal responsabilizaron ayer a la Generalitat de la situación creada con este colectivo. En su opinión, la Dirección General de Atención a la Infancia, la única entidad que tiene competencias en este asunto, ha negado sistemáticamente los recursos económicos para actuar con este colectivo y ha rechazado que los niños puedan ser atendidos en centros específicos. El alcalde de Barcelona, Joan Clos, por su parte, aseguró que hace varios meses que conoce la situación y que la Guardia Urbana y los servicios sociales están trabajando en este asunto. Clos añadió que el Ayuntamiento "hará todo lo que tenga que hacer ante el fiscal y el juez para evitar que se consolide la explotación de estos menores". Soler apuntó la posibilidad de que la situación esté relacionada con la denuncia presentada ante los Mossos d"Esquadra por un marroquí acusando a la Guardia Urbana de maltratar a los inmigrantes. En su opinión, el denunciante, con numerosos antecedentes, podría pretender desviar la atención de la red de explotación infantil.