La oposición vitoriana quiere profundizar la investigación del "caso autobuses"

El Ayuntamiento de Vitoria envió ayer al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sus alegaciones al informe preliminar realizado por ese organismo sobre las posibles irregularidades en la adjudicación de la fallida reforma de la antigua estación de autobuses, realizada en mayo de 1992. El equipo de gobierno, encabezado por el alcalde, el peneuvista José Ángel Cuerda, ha presentado un texto de 60 folios que rebate una por una las censuras planteadas por el tribunal a la gestión municipal. La oposición municipal, en cambio, apoya las conclusiones del organismo fiscalizador. El equipo de gobierno, formado por el PNV y Unidad Alavesa, defiende que se ajustó a la legalidad en aquel proceso y entiende que el tribunal no cuenta con "pruebas tangibles" para fundamentar sus acusaciones. El informe de alegaciones apoya todos sus argumentos en bases jurídicas y rechaza las acusaciones de que se obviaron en la adjudicación trámites como el concurso público y la concurrencia. Las alegaciones municipales incluyen un anexo donde tres grupos de la oposición (PP, PSE e IU) respaldan las conclusiones del Tribunal de Cuentas e incluso le solicitan que ahonde en la investigación en varios aspectos concretos. Comparecencias La comisión creada en el consistorio para indagar sobre el caso de la estación de autobuses se reunió de nuevo ayer. Durante la cita, además de exponer sus alegaciones y observaciones al informe jurídico, todos los grupos decidieron continuar la labor de investigación. Herri Batasuna pidió la comparecencia de varias personas que intervinieron en el proceso cuando en 1992 se adjudicó la obra, entre otros, dos responsables de la empresa adjudicataria, Autoestaciones Vitoria, el alcalde, el ex concejal de EA Mikel Mintegi, los entonces secretario e interventor municipal y el ex titular de Hacienda, Rafael Imaz. El presidente de la comisión, el popular Alfredo Marco Tabar, confía en una rápida respuesta del tribunal, "en un mes o mes y medio", para aclarar cuanto antes las posibles responsabilidades. A título particular, manifestó sus reservas a los argumentos presentados por el equipo de gobierno. "El alcalde dijo que eran unas alegaciones contundentes y yo considero que de eso nada, aunque es sólo una opinión", comentó Marco Tabar. El socialista Andrés Sánchez insistió en la necesidad de profundizar aún más en algunos aspectos de la investigación, como las deudas de la empresa con la Hacienda foral antes de obtener la adjudicación. Según el portavoz del PSE, el tribunal debe emitir su resolución final -que no será vinculante- para que se aclaren "las responsabilidades políticas, de gestión y judiciales" en este caso. "Queremos que conste nuestra opinión [crítica hacia el equipo de gobierno], porque ahora no tenemos una responsabilidad directa en el Ayuntamiento, pero a lo mejor sí la tenemos en varios meses", añadió Sánchez.