El Gobierno vasco reclama a Aznar el referéndum para el enclave de Treviño

El presidente del Gobierno, José María Aznar, recibirá de inmediato la solicitud de autorización acordada ayer por el Ejecutivo vasco para convocar el referéndum que los dos ayuntamientos del Condado de Treviño pidieron en marzo pasado y que las autoridades castellano-leonesas rechazaron. El Gobierno vasco quiere ejercer las previsiones de su Estatuto y se acoge para ello a una sentencia del Tribunal Constitucional de 1986. El fallo señalaba que los procedimientos de segregación y agregación son distintos y complementarios.

El Gobierno vasco decidió ayer colocar en manos del presidente del Gobierno, José María Aznar, la decisión de autorizar o no la convocatoria del referéndum para los dos ayuntamientos de Treviño, un enclave bajo administración de Burgos dentro de territorio alavés. El frenazo dado a la petición de los dos municipios en marzo pasado por el PP y las instituciones gobernadas por ese partido en Castilla y León no es, en la interpretación que el Gobierno vasco apoya en una sentencia del Tribunal Constitucional, obstáculo para seguir la tramitación prevista en el Estatuto vasco. La sentencia en cuestión es la 99/1986 de 11 de julio, que reconocía como procesos distintos y complementarios los de segregación y agregación.Este asunto puede convertirse en un banco de pruebas para la voluntad del gobierno y el PP en la actual situación del País Vasco, toda vez que se trata de un asunto "virgen", en el sentido de que no ha registrado ninguna intervención fuera de lo estrictamente institucional y en la que los municipios del enclave han expresado su voluntad de iniciar el proceso de desanexión de Burgos para integrarse en la comunidad vasca, de cuya capital distan sólo 15 kilómetros.

La celebración de la consulta, prevista en los estatutos de Autonomía de ambas comunidades, fue pedida por los dos ayuntamientos del Condado (Treviño y La Puebla de Arganzón), y frenada por la Diputación de Burgos y la Junta de Castilla y León. Ambas instituciones, gobernadas por los populares, se negaron a darle luz verde, ejerciendo así el derecho de veto sobre el resto del procedimiento que les otorga su legislación autonómica.

Los pasos previstos por los dos estatutos de autonomía son diferentes. El vasco exige la solicitud de la mayoría de los ayuntamientos interesados, la audiencia a la comunidad o provincia a la que pertenecen los municipios a agregar, la aprobación en referéndum por los habitantes del territorio en cuestión, la ratificación del Parlamento vasco y la aprobación de las Cortes, esta última mediante ley orgánica.

El de Castilla y León exige que los ayuntamientos soliciten, con una mayoría de dos tercios, su segregación, que la provincia a la que pertenezcan informe favorablemente, el refrendo de los habitantes del territorio y la aprobación por las cortes generales mediante ley orgánica. Las previsiones de ambos estatutos, con el mismo rango legal sólo coinciden en el primero y en el último paso.

Derecho a veto

Mientras el procedimiento vasco no pone en manos de ninguna institución la posibilidad de vetar o interrumpir el proceso una vez abierto por los ayuntamientos, el estatuto castellano leonés sí deposita en manos de la diputación provincial de Burgos un poder de veto que ya ha sido ejercido. El pasado mes de marzo, tras la solicitud de los dos ayuntamientos concernidos, con la mayoría de dos tercios exigida por la ley castellano leonesa, esa institución emitió un informe desfavorable que impide progresar al procedimiento de segregación. Este hecho provocó la dimisión del alcalde, perteneciente al PP, y de los tres concejales populares del ayuntamiento de Treviño, sin que el partido haya conseguido sustituirlos hasta ahora.El 7 de julio, el Gobierno vasco decidió en consejo, siguiendo un mandato del Parlamento autonómico del pasado mes de junio, poner en marcha lo que el estatuto de Gernika establece para la agregación. El acuerdo parlamentario, aprobado con los votos de PNV, EA, IU y HB, indicó al Ejecutivo de Ardanza que la solución "al contencioso de Treviño debe tener como único límite el respeto a la voluntad de los treviñeses".

El Gobierno de Ardanza ha cumplido ya el trámite de dar audiencia a Burgos, cuya diputación se limitó a enviar en julio el mismo informe de marzo, oponiéndose a la segregación, pero no realizó alegaciones específicas al actual trámite de audiencia.