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Interior notificará hoy su ingreso en prisión a los otros 10 condenados del "caso Marey"

El Ministerio del Interior notificará hoy a los 10 condenados del caso Marey que siguen en libertad que deberán ingresar en la prisión que elijan en un plazo de 24 horas, que vencerá en la mañana del jueves. El Tribunal Supremo remitió ayer a Interior el auto en el que rechaza dejar en suspenso la ejecución de unas penas que "son lo suficientemente largas" como para que "la posible concesión de un indulto no sea ilusoria". Los ex policías José Amedo y Michel Domínguez pidieron a una juez de vigilancia penitenciaria que les mantenga fuera de la cárcel.

La Sala Segunda del Supremo comunicó ayer a los representantes legales de los 10 condenados el auto en el que rechaza dejar en suspenso las penas hasta que el Gobierno decida sobre la concesión del indulto.Los magistrados recuerdan que el artículo 4.4. del Código Penal faculta al juez o tribunal para acordar la suspensión de la ejecución de una condena penal "cuando de ser ejecutada la sentencia, la finalidad del indulto pudiera resultar ilusoria", es decir, cuando la ejecución de la pena de que se trata pudiera frustrar el indulto que previsiblemente hubiera de concederse por el Ejecutivo.

La Sala subraya el "carácter excepcional" de esta norma, "pues el principio general en la materia es el que deriva del interés público que reclama que las resoluciones judiciales de carácter firme se cumplan". Después cita al Tribunal Constitucional, en varias de cuyas sentencias se señala que "en un Estado de Derecho, las sentencias claman por ser cumplidas como exigencia implícita a la eficacia de la tutela judicial".

El tribunal llega a la conclusión de que la facultad de suspensión que concede el nuevo Código Penal "sólo podrá ser utilizada en casos muy concretos, cuando las especiales circunstancias concurrentes así lo exijan de modo evidente, lo que no ocurre en el caso presente con relación a ninguno de los 10 condenados". "Sus respectivas penas", añade la Sala Segunda "son lo suficientemente largas como para que hayamos de estimar que, en su caso, la posible concesión de indulto no sea ilusoria, es decir, no se vea frustrada por el inicio de las ejecuciones."

Según los magistrados, han sido muchas las razones esgrimidas por los 10 condenados para justificar sus peticiones de suspensión, y éstas serán examinadas en su momento "cuando tengamos que informar en cada expediente sobre el juicio que a esta Sala le merece cada una de las solicitudes de indulto". "Ahora", agregan, "sólo cabe acordar que lo dispuesto en sentencia firme sea cumplido".

Empleos y cargos

Para el cumplimiento de las penas de prisión, el Tribunal Supremo acuerda dirigir un despacho al Ministro del Interior, "que comunicará a esta Sala la fecha de ingreso en el establecimiento penitenciario que corresponda".El Supremo también se dirige al Ministerio del Interior para que, en lo que a éste incumbe, "se ejecuten las penas de inhabilitación absoluta y suspensión impuestas en la mismas sentencia". También acuerda remitir una comunicación al Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia las condenas firmes contra el total de 12 condenados -en el que se incluye a Barrionuevo y Vera-, para las correspondientes anotaciones de condena.

El tribunal requiere a todos los condenados, con excepción del ex secretario de los socialistas vizcaínos y hoy simpatizante del PP, Ricardo García Damborenea, para que "manifiesten los empleos o cargos públicos que pudieran desempeñar a efectos de cumplimiento de las respectivas penas de inhabilitación absoluta o suspensión". Respecto a García Damborenea, también acuerdan dirigirse a la Junta Electoral Central para la ejecución de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo de éste.

Cárceles elegidas

El ex director general para la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, condenado a 10 años, tiene previsto ingresar en la prisión de Ocaña II (Toledo), donde cumplen condena ocho presos de ETA. En esta cárcel también ingresará Miguel Planchuelo (condenado a 9 años y seis meses). Según dijo a el director de Ocaña II, Fermín Salcedo, este centro penitenciario dispone de seis módulos diferenciados, por lo que Sancristóbal no tendrá que compartir las mismas instalaciones que los etarras.El ex jefe del Mando Único Antiterrorista, Francisco Álvarez ( 9 años y seis meses de condena) ingresará en Can Brians (Barcelona); el inspector Luis Hens (5 años de pena) en la de Málaga y su compañero José Ramón Corujo (5 años) en la de Alcalá-Meco (Madrid).El comisario Julio Hierro (5 años y seis meses de condena) ha pedido ingresar en el penal de Brieva (Ávila).

Amedo (9 años de condena) y Domínguez (2 años y cuatro meses) presentarán un recurso de súplica a través de su abogado, Jorge Manrique, en el que pedirán al Supremo que resuelva el expediente de acumulación de penas antes de ejecutar la sentencia.

Los ex policías pretenden acumular sus actuales condenas con los 108 años de cárcel que se les impuso en la sentencia del caso Amedo, para que el límite de cumplimiento siga siendo el mismo y no tengan que volver a la cárcel. Además, han pedido a la juez de vigilancia penitenciaria María del Prado Torrecilla que les mantenga el tercer grado de tratamiento penitenciario del que disfrutan sin tener que ir a la cárcel ni a dormir y con protección policial hasta que el Supremo decida sobre la acumulación de penas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de septiembre de 1998

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