La oposición considera nula cualquier venta de suelo de Terra Mítica tras la expropiación

Los partidos de la oposición al PP consideraron ayer "nula de pleno derecho" la fórmula anunciada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Benidorm para evitar que Terra Mítica pague entre 800 y 1.100 millones de pesetas de impuestos locales por licencias de obra, consistente en que el Consistorio adquiera parte de los terrenos de la reserva de suelo. El PSPV y NE pusieron el caso en manos de sus abogados e insistieron en que Terra Mítica debe pagar impuestos "como el resto de empresas". El Consell dice que es la única forma de compensar una inversión de 43.000 millones.

La noticia de que el Ayuntamiento de Benidorm comprará terrenos a Terra Mítica para construir un polideportivo y evitar que la sociedad anónima que construye el parque pague impuestos locales , movilizó ayer a los partidos de la oposición. El portavoz municipal del PSPV, José María Pajín, emplazó al alcalde de la ciudad, el popular Vicente Pérez Devesa, para que concrete a qué precio se comprará el metro cuadrado, al objeto de compararlo con la cantidad que la Generalitat abonó a sus primitivos propietarios con el argumento de favorecer el desarrollo de un proyecto considerado bien social. Para los socialistas, la venta de terrenos expropiados por una administración pública constituye "un escándalo sin precedentes", que se agrava con la intención última de evitar el pago de impuestos "a una mercantil que legítimamente defiende unos intereses privados y no generales". En la misma línea, el portavoz de NE, Jacinto Gallego, defendió la titularidad pública de ese terreno -"que adquirió la Generalitat con dinero de los contribuyentes"- para calificar de "ilegal" la operación. Ambos partidos encargaron ayer a sus abogados la elaboración de un informe jurídico sobre el particular, e insistieron en que la precaria situación de las arcas locales no permite "perdonar alegremente" esos impuestos. La operación de compra-venta llegará también a la Mesa de las Cortes Valencianas. El diputado autonómico del PSPV Jaume Sendra anunció que su grupo solicitará hoy la comparecencia ante la comisión de Urbanismo del consejero del ramo, José Ramón García Antón, para que explique con detalle esa operación. Sendra, abogado de profesión, aseguró que la transacción es "nula de pleno derecho", de acuerdo al articulado del Código Civil, que establece que los contratos "sin causa o causa ilícita no producen efecto alguno". Para Jaume Sendra, la operación no es más que un contrato simulado que implica en este caso "la voluntad de los contratantes de engañar a terceros con apariencia de una verdad". En su opinión, esa venta podría ser recurrida ante los tribunales por el resto de mercantiles que regentan parques temáticos en Europa, los propietarios que fueron expropiados en su día para favorecer un bien social, y hasta los propios estamentos europeos garantes de la libre competencia. "No estamos en contra del parque temático en Benidorm, pero la falta de transparencia hace que toda la gestión que lo rodea huela mal y el proyecto se convierta en una tragicomedia ante la que no podemos permanecer pasivos", declaró el diputado socialista. Por su parte, un portavoz del Consell aclaró, también ayer, que los terrenos que se barajan para la operación no fueron objeto de una expropiación forzosa, sino comprados por la Generalitat en negociación directa con los propietarios, con lo cual no estarían sujetos a la Ley de Expropiaciones. Las mismas fuentes matizaron que la sociedad anónima Terra Mítica todavía no es titular de la reserva de suelo, cuya propietaria es la sociedad pública Parque Temático de Alicante, capitalizada por la Generalitat, que forma parte de la primera. El Consell justifica la operación como una forma de compensar un agravio que sufriría Terra Mítica con respecto a otras iniciativas privadas que han recibido ayudas oficiales de hasta el 30% de la inversión global, tope que marcan las leyes europeas para regiones incluidas en el Objetivo 1. El Ejecutivo lanzó una llamada a la unidad para evitar una intervención de la Dirección General de la Libre Competencia de la Comisión Europea, que puede hacerse eco de las denuncias "infundadas" de los partidos de la oposición y poner trabas al proyecto. "El proyecto del parque temático no podía estar en inferioridad de condiciones frente a otros de menor volumen que han recibido ayudas importantes", dijo el portavoz del Consell.