Una abogada acusada de falsificar 30 permisos para prostitutas inmigrantes

Una abogada de Bilbao utilizó documentos de clientes y hasta de su propia madre para conseguir de manera ilegal contratos de trabajo que permitieran a prostitutas conseguir un permiso de residencia. La letrada ofreció sus servicios a más de 200 prostitutas. Una treintena logró el expediente. La abogada extendió su negocio a Sevilla y Murcia, según detectó la Brigada de Extranjería de Policía de Bilbao, que investigó el caso y detuvo a Pilar J. G. Actualmente está en libertad provisional, pendiente de la decisión que adopte la juez.

Pilar J. G., de 38 años, ofreció personalmente sus servicios legales a propietarios de establecimientos de prostitución e incluso a las propias prostitutas. Sus explicaciones iban acompañadas de un escrito en el que informaba que el Ministerio de Trabajo tarda unos seis meses en responder a las peticiones de trabajo, plazo que puede alargarse hasta nueve, y que su gestión consistía en lograr que durante este tiempo las mujeres residieran legalmente. Formaba parte de una estrategia para ganar tiempo y favorecer la inmigración ilegal, según un informe de la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao que le investigó durante meses. El pasado mes de marzo fue detenida y desde entonces el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao lleva el caso. La juez no consideró necesario su ingreso en prisión. Pilar J. G. está en libertad provisional, pendiente de que la juez decida si hay pruebas suficientes para acusarle. La policía comprobó que Pilar J.G., que compartía un despacho con otros dos letrados - según declaró la abogada a la policía, ellos eran ajenos al asunto-, había presentado varios expedientes falsos que posibilitaban contratos a extranjeras como empleadas de hogar. La identidad del empleador se extraía de "documentos de clientes del despacho de la abogada, algunos habían sido sustraídos e incluso llegó a usar uno de su propia madre. La abogada sólo necesitaba un día para hacer la falsificación, así que no tenía por qué levantar sospechas", explican en medios de la investigación. "Todos los papeles eran correctos pero eran falsos, porque el empleador nunca supo que se estaba utilizando su nombre para contratar a una persona extranjera en un trabajo", han señalado en los mismos medios. El informe policial indica también que Pilar J.G. cobraba por el servicio alrededor de 150.000 pesetas. Así lo declaró en el juzgado una de las prostitutas estafadas.