"Si me hacen pagar, tendré que cerrar"

La cruzada municipal contra la venta de alcohol a menores amenaza el futuro comercial de algunos tenderos madrileños. Los propietarios de varios comercios de frutos secos de la calle de San Joaquín, en la zona de Malasaña, se enfrentan a multas millonarias por vender alcohol a menores de edad.Es el caso de Lin y Guo Chong Long, dos emigrantes chinos que hace ocho años aterrizaron en Barajas con la esperanza de dar un giro radical a sus vidas. Pero éstas viraron en una dirección que ellos no esperaban.

El pasado 3 de octubre de 1997, una patrulla de la Policía Municipal observó que cuatro jóvenes salían del comercio de Chong Long provistos de varios cartones de vino, botellas de refrescos y litronas de cerveza. Al interesarse por la edad de los muchachos, los gendarmes descubrieron que ninguno tenía cumplidos los 16 años. Ese mismo día, unas horas más tarde, otros dos menores eran sorprendidos saliendo del mismo establecimiento con bebidas alcohólicas.

A partir de ahí, los problemas se sucedieron para Chong Long, que apenas habla castellano y que se siente acosado por la Policía Municipal.

La multa fijada por el Ayuntamiento de Madrid, que asciende a cinco millones de pesetas, es excesiva, en opinión de Chong Long. "Yo no soy culpable de vender alcohol a menores. Siempre pido los carnés de identidad para comprobar la edad. Además, si me hacen pagar ese dinero tendré que cerrar mi local", dice.

Su abogado, Ramón Hernández, advierte que recurrirá la multa, "ya que cuando se cursó la denuncia los jóvenes no la firmaron". Y continúa con su argumento jurídico: "Así que si no encuentran a éstos y no la ratifican, mi cliente no tiene que pagar". "Además", afirma Hernández, "no está muy claro que fueran ellos los que compraron las bebidas o si fue algún adulto el que lo hizo".

Sorprendidos

El caso de Lin es muy parecido al de su compatriota. El año pasado, varios jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 16 años fueron sorprendidos cuando consumían alcohol comprado, según la policía, en el establecimiento de Lin.Esta infracción, junto al hecho de que la propietaria del local carecía de licencia municipal de apertura y funcionamiento, hizo que, tras la denuncia pertinente, el Ayuntamiento de Madrid, basándose en la Ley de Defensa de los Derechos de la Infancia, aprobada en la Asamblea de Madrid en marzo de 1995, multase a Lin con 2,5 millones de pesetas.

Su marido, Feicheng, niega lo declarado por la policía y, pese a reconocer que ya ha pagado otra multa de 60.000 pesetas por una infracción similar, no ha vuelto a vender bebidas a menores. "Siempre pedimos los documentos de identidad, no queremos problemas. Ya conocemos las normas", asegura el marido de Lin.

Los dueños de muchos de los locales de la zona de Malasaña son emigrantes chinos que, en la mayoría de las ocasiones, desconocen las normas legales aprobada por la Comunidad de Madrid y aplicadas por el Ayuntamiento. O simplemente, no controlan el manejo de nuestro idioma.

"Este escaso dominio del idioma", según el abogado Hernández, "hace que los propietarios de los locales cometan alguna infracción por desconocimiento, pero pocas veces por mala fe". Lin y Chong Long se aferran a los argumentos de su abogado para mantener la esperanza de continuar con su negocio, que explotan, preferentemente, los viernes y sábados.