Un informe jurídico afirma que es legal el traslado del casino a Barcelona

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han emitido un informe sobre la ubicación del casino en el Port Olímpic de Barcelona en el que se asegura la legalidad de la medida. El dictamen fue contestado ayer por Pilar Rahola, del PI, mientras que Eulàlia Vintró, de IC, pedía tiempo para sopesarlo, advirtiendo que, en principio, los servicios jurídicos municipales son fiables. El informe es taxativo: la Generalitat, en función de lo establecido en el Estatut, tiene competencias exclusivas en materia de juego (salvo en lo referente a las apuestas deportivas benéficas). El Gobierno promulgó una ley al respecto, por lo tanto, no es aplicable al territorio catalán la normativa española. No lo es por un doble motivo: porque hay legislación propia y porque el Tribunal Constitucional ha dictaminado que la norma española no es supletoria de las normas autonómicas. Esto significa, a juicio de los autores del informe, que, si bien la ley española impedía que se instalaran casinos en el área metropolitana de Barcelona, la legislación catalana no se manifiesta sobre este particular. Sólo establece como restricción el número máximo de casinos: tres. El informe afirma que no hay coherencia entre la norma española y la catalana, ni tiene por qué haberla, ya que se trata de dos legislaciones diferentes. Pilar Rahola aseguró ayer que se trata de un informe discutible y, por consiguiente, mantendrá su oposición a la instalación del casino en la Vila Olímpica, así como las acciones legales emprendidas contra el Gobierno catalán. Rahola añadió que el dictamen, en alguna medida, corresponsabiliza al alcalde, Joan Clos, de la instalación del casino, aunque la autorización dependiera del Gobierno catalán. Eulàlia Vintró prefirió mostrarse más cauta. La dirigente de IC explicó que el dictamen contiene tal número de referencias jurídicas que ha pedido una interpretación del mismo a los abogados de la federación. Vintró añadió que la primera lectura le llevaba a pensar que el traslado era legal y, por lo tanto, que si la Generalitat lo aprobaba, al Ayuntamiento no le quedaría más remedio que dar la licencia. "Si lo que discutimos es la ley, entonces hay que llevar la discusión al Parlamento, porque el Ayuntamiento no legisla", precisó.