Cardenal dice que el Código Penal no es suficiente para atajar la violencia familiar

El Código Penal es insuficiente para atajar los malos tratos en el ámbito familiar, según consta en la Memoria de la Fiscalía del Estado, que ayer hizo pública, su titular, Jesús Cardenal. Las fiscalías de varias audiencias provinciales se han pronunciado sobre la violencia doméstica y han llegado a la conclusión de que se trata de un problema que sólo se puede paliar con actuaciones conjuntas en los terrenos de la educación, convencimiento de los propios derechos, ayuda y asesoramiento a las víctimas y prevención general.

Para la Fiscalía, el problema no se resuelve con el mero endurecimiento de las penas sino que se requiere ante todo una respuesta asistencial y policial.La Memoria destaca que "a nadie se le escapa que en esta modalidad delictiva la cifra negra de criminalidad es muy elevada, ya que un buen número de víctimas, con toda seguridad, optan por no acudir a denunciar los hechos".

"Resulta innegable que los malos tratos en el ámbito doméstico y familiar constituyen una trágica actualidad que, con toda su carga negativa, ha servido al menos para que nazca una concienciación amplia, una sensibilidad antes inexistente en la inmensa mayoría de los ciudadanos, lo cual constituye, a nuestro juicio, el primer paso hacia soluciones de mayor justicia", señala la memoria.

El texto analiza por separado dos supuestos diferentes, aunque de similar potencial gravedad. Por un lado, los malos tratos a las mujeres por parte de su pareja. De otro, la violencia hacia los menores dentro de su familia, causados a veces por los dos integrantes de la pareja o, en ocasiones, por uno sólo de ellos, pero con la anuencia del otro.

Los malos tratos a menores a veces son denunciados a las autoridades por parte de un tercero, situación que no suele acontecer cuando se trata de violencia física en el seno de la pareja.

Este último supuesto es considerado como de más difícil solución por la Fiscalía, ya que no es frecuente que un tercero denuncie en nombre de la persona maltratada, debido al deseo de mantenerse al margen o de respetar la voluntad de la víctima, que continuará sufriendo esta situación hasta que reúna valor suficiente para denunciar los hechos por sí misma. Además, la complejidad de la relación de pareja fomenta la existencia de nuevos intentos de convivencia basados en motivos variados, lo que lleva a desistir de las denuncias, pues de persistir en ellas, originarían la ruptura de la relación. Normalmente la mujer, que al ser más débil físicamente suele ser la maltratada, también depende económicamente de su pareja, que aprovecha la posición dominante.

Por último, la falta de conocimientos sobre sus posibilidades de actuación y las decisiones que pueden acordar los jueces -sobre todo las relativas a la protección del más débil- hacen que la ruptura de la víctima con el causante de los malos tratos sea mucho más complicada.

La Fiscalía destaca que a todo ello "hay que añadir que los órganos judiciales no siempre funcionan como sería deseable".

La Memoria achaca este problema fundamentalmente al excesivo número de asuntos de que deben encargarse, lo que impide un tratamiento más personalizado en cada supuesto.

Sin embargo, señala que el particular acude al juzgado atemorizado por su situación y no percibe una atención personal a su problema y tampoco tiene una sensación de protección procedente de la autoridad que contribuya a hacerle más fácil el llevar a cabo una decisión que ya le fue difícil de adoptar.

Evolución de la criminalidad

Jesús Cardenal destacó en su discurso que en 1997 se incoaron un total de 3.087.667 diligencias previas, lo que supone un incremento del 3,76% respecto al año anterior, "el más bajo de los últimos cinco años".Los delitos contra las personas representaron el 19,3 % del total de la criminalidad, cifra ligeramente superior a la del año anterior. En concreto, los delitos de homicidio y asesinato descendieron muy notablemente, pasando de 1.433 en 1996 a los 1.105 registrados en el año de referencia. Los delitos de malos tratos en el ámbito familiar registraron la cifra de 6.709 casos.

Continúa en aumento el delito de impago de pensiones, que ha registrado 7.896 causas, frente a las 5.565 del año anterior, lo que representa un incremento del 41%.

Respecto a los delitos de terrorismo, la actividad desarrollada por ETA durante 1997 ha supuesto un descenso de los atentados, pero con un mayor número de víctimas mortales, habiendo pasado éstas de cinco en 1996 a 13 en 1997. Durante este último año, más de la mitad de los atentados tenían como objeto directo las personas, constituyendo tal porcentaje el índice de agresividad más alto del último quinquenio.

Entre las víctimas de ETA el fiscal recordó a los concejales del PP, entre los que citó expresamente a Miguel Ángel Blanco y a José Luis Caso. También hizo referencia al magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador.

En total, se incoaron 1.629 procedimientos por delitos de terrorismo cometidos por ETA y los grupos radicales de su entorno.

Por otra parte, los delitos de conducción bajo influencia del alcohol experimentaron un aumento del 20% el año pasado, con 58.540 asuntos. El fiscal califica de "espectacular" el incremento del delito de desobediencia por negativa a la prueba de la alcoholemia, de 139 a 702 casos.