Dos testigos declaran en el caso de la clínica San Onofre

Dos testigos declararon ayer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en relación con el caso de la clínica San Onofre de Godella. La acusación sostiene que la alcaldesa de Godella, María José Serra, del PP, cometió supuestamente un desvío de poder para intentar impedir la apertura de la clínica de enfermos mentales en el antiguo convento. Un operario de una empresa contratada por San Onofre para llevar a cabo diversas instalaciones en el convento cuando se abrió la clínica (en el verano de 1996) declaró ayer que la Policía Local -por orden de la alcaldesa- intentó impedir su trabajo y se dedicaba a anotar matrículas y pedir la documentación varias veces a todos los que entraban y salían del convento. El otro testigo es una periodista que declaró que la alcaldesa, en un encuentro con los vecinos, les prometió que utilizaría la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que implica la paralización de la concesión de licencias de obra, para impedir que se instalara la clínica mental. Los abogados de San Onofre denuncian que la utilización del PGOU para resolver un contencioso particular es un "desvío de poder".