Varios constructores cántabros acusan al alcalde de Comillas, hoy en el PP, de extorsión
El alcalde de Comillas, Pablo García Suárez, fichado recientemente por el PP de Cantabria como seguro candidato a renovar el cargo, habría forjado parte de su fortuna, basada exclusivamente en su paso por la política (ver El PAÍS Domingo de anteayer), mediante el presunto cobro a los promotores inmobiliarios de una cuota del 15% del presupuesto de las obras al otorgar las licencias de edificación o con la variante de detenerlas arbitrariamente, una vez en marcha, para exigir ese "impuesto revolucionario institucional". Así lo definen varios empresarios de la construcción, que declaran haber sido objeto de extorsión por parte de García Suárez para no tener problemas.
Manuel José Sierra afirma que en 1991 estaba realizando una urbanización en Trasvía (municipio de Comillas) cuando un día se presentó un guardia municipal e intentó parar los trabajos. Sierra le pidió la orden del alcalde por escrito y, al no tenerla, le expulsó de allí. "Pero a los pocos días", continúa, "se personó el alcalde, Pablo García Suárez, y me dijo que todo se podía arreglar si le daba dinero y que lo podíamos concertar amigablemente comiendo juntos".Al no ceder el constructor a las pretensiones del regidor, la alcaldía tuvo detenida la urbanización durante un mes, lo que le costó a Sierra, según sus cuentas, un perjuicio de "un millón de pesetas de los de entonces". Para librarse de las presiones, acudió a la oposición municipal: "Recordé que unos amigos míos eran concejales socialistas". "Cuando me vio hablando con ellos", explica, "el alcalde se quedó de piedra, me pidió inmediatamente perdón y me dijo que todo había sido un error propiciado por las denuncias de los vecinos y que podría reanudar las obras sin problemas".
Asesor de Hormaechea
Además de como alcalde, García Suárez ejerció desde 1991 como diputado regional por la UPCA y desde 1992 hasta 1995 como asesor de confianza del entonces presidente cántabro, Juan Hormaechea -condenado a 14 años de inhabilitación por prevaricación y malversación-. Fue entonces cuando habría tenido acceso a información privilegiada, lo que le llevaría a inventar otro método de recaudar.Sus víctimas fueron pequeños contratistas que tenían grandes dificultades para cobrar las facturas al Gobierno de Hormaechea. Éste había endeudado a Cantabria, de poco más de 550.000 habitantes, en 70.000 millones de pesetas y no había apenas dinero disponible para pagar a los acreedores. En esas circunstancias, las que más se resentían eran las pequeñas empresas. Algunas tuvieron que cerrar su puertas y despedir a los trabajadores. Las que obtuvieron favores de García se libraron.
Uno de los cobros fallidos fue, por un millón de pesetas, el de Emeterio Peñil, propietario de un taller de electricidad. La Diputación le había adjudicado varios alumbrados públicos por 25 millones, partida derivada de un total de 325 destinados a iluminar los pueblos de la región. Como su empresa estaba "con el agua al cuello", afirma, García le pidió un millón por agilizar el cobro: "Me aseguró que, si no, no cobraría nunca". Peñil aceptó a regañadientes: "Le dije que le firmaría un cheque allí mismo y me contestó que prefería el dinero en metálico".
No obstante, este empresario decidió informarse por otros conductos funcionariales. Fue así como se enteró de que el supuesto truco de García era saber con meses de antelación, por las pantallas del ordenador de la Diputación, quienes iban a cobrar aun con cuentagotas. A continuación, iba a ofrecerles sus servicios de "cobro seguro". Peñil decidió finalmente no pagarle. "Estuvo presionándome durante meses", dice; "me decía que a él le presionaba Hormaechea y que el dinero era para el partido [UPCA]".
Por su parte, García sostiene que conoce a Peñil, pero que, mientras que fue asesor de Hormaechea, "no cobró nada de la Diputación": "Por tanto, no pude cobrarle ese 15% que dicen y por el que me llaman Pablo 15". Peñil desmiente su versión y afirma: "Eso mismo lo hacía con todos los contratistas".
Así, José Tresgallo, gerente de la división de alumbrados de Electricidad Ohmsa, guarda silencio sobre si pagó 4,5 millones, el 15% de su contrata. Pero a la pregunta de si le indigna que le saquen dinero de su trabajo responde: "Pues sí, pero con el tiempo ya se ha olvidado".
