Chamizo exige a la Junta que retire ya a los guías pagados de Grazalema

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, anunció ayer que tramitará una nueva queja a la Consejería de Medio Ambiente para que suspenda de forma inmediata los guías pagados en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Chamizo se ha unido al rechazo a la privatización del parque natural que abandera una plataforma ciudadana. El defensor reclama al consejero José Luis Blanco que se deje de cobrar 10.900 pesetas por acceder a algunas zonas del enclave protegido.

Tras la reunión que mantuvo ayer por tarde en Sevilla con miembros de la plataforma, Chamizo insistió en que no debe cobrarse nada hasta que se elabore un estudio económico y se apruebe el plan de uso público del parque. El defensor también va a pedir que el Gobierno regional le explique el proceso administrativo seguido para la adjudicación del servicio a la empresa Aventerra. "Todavía no hemos recibido una respuesta por escrito", se lamentó Chamizo, para quien la actitud de la Junta "es insuficiente" y de continuar así será "claramente entorpecedora". El defensor explicó: "Vamos a seguir con nuestra postura y le seguiremos preguntando a la consejería en qué momento se han hecho las concesiones y qué razones medioambientales le llevan a establecer esa tasa". El portavoz de la plataforma, Juan Clavero, calificó la reunión con el defensor como muy positiva: "Comparte nuestra denuncia de que la consejería está cometiendo una auténtica estafa a los ciudadanos coartándoles su derecho a disfrutar libremente del medio ambiente". Réplica por anticipado Horas antes del inicio de la reunión, la consejería anunció que se había constituido la Comisión de Uso Público del Parque Natural que analizará el programa de uso aprobado hace un año por la Junta Rectora del enclave natural. Este nuevo órgano deberá estudiar además diversos aspectos como el subprograma de Educación Ambiental y hacer un seguimiento de la incidencia del uso público en el parque. En un comunicado hecho público ayer, la consejería hace una evaluación del primer informe del Defensor del Pueblo radicalmente opuesta a la de los ecologistas y el propio Chamizo. Medio Ambiente reitera su satisfacción por el hecho de que "en ningún momento cuestiona la legalidad y conveniencia de esta medida, sugiriendo tan sólo la realización de estudios económicos para el establecimiento de la tarifa". La consejería expresa su esperanza de que el debate sobre el uso público se realice desde ahora "de un modo sosegado en el seno del órgano de participación ciudadana, intentando que las decisiones se adopten con el mayor consenso".