Hacienda ha detectado 4.000 casos de fraude en el gasóleo

Hacienda ha abierto en lo que va de año un total de 4.004 expedientes sancionadores por utilización ilegal de gasóleo del tipo reducido por consumidores no autorizados para destinarlo en su mayor parte a la automoción, informaron a Europa Press fuentes de este departamento.El uso fraudulento de gasóleo bonificado afecta a los ingresos del Estado, al reducir la recaudación de impuestos por este concepto. Con el uso de gasóleo B (agrícola) o C (calefacción) para automoción se consigue un ahorro de unas 30 pesetas por litro, que es la diferencia de precio que mantienen con el gasóleo A de automoción, más gravado impositivamente.

La Guardia Civil, que colabora en la investigación de este tipo de fraude, sometió en el primer semestre a vigilancia a un total de 20.387 vehículos, formulando 379 denuncias, informaron fuentes del instituto armado.

En el pasado ejercicio, Hacienda tramitó un total de 8.056 expedientes por este fraude, a cuya detección colaboró la Guardia Civil realizando controles a 64.869 vehículos y formulando 2.303 denuncias. El número menor de expedientes de este año respecto a los formulados el ejercicio anterior se explica por la asunción de competencias en la materia por el País Vasco desde el pasado 1 de enero.

Impacto de 50.000 millones

Fuentes del Ministerio de Industria indicaron que el fraude de gasóleo, que tiene una proliferación más acentuada en zonas con elevada actividad industrial, tiene un impacto económico del orden de 50.000 millones de pesetas anuales, lo que da una idea de su verdadera magnitud.Un informe interno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado alerta de la posible implicación de refinerías y grandes depósitos en el fraude, ya que exige la complicidad de grandes instalaciones capaces de producir y almacenar cientos de miles de litros y contar con empresas de distribución que hagan llegar el producto a estaciones de servicio y éstas a los distintos consumidores finales.

El mayor control sobre el fraude ha llevado a las organizaciones criminales a tratar de sortearlos utilizando una diversidad de métodos que en ocasiones cuentan con la connivencia de los consumidores finales.

Gran parte del fraude se produce en el inicio de la cadena. La normativa comunitaria permite pagar los impuestos que gravan el gasóleo tanto en el país de origen como en el de destino, y aunque numerosos distribuidores se comprometen a abonar la tasa en el punto de destino, nunca lo hacen. Algunas empresas adquieren el gasóleo en Francia y lo desvían a Cataluña bajo la apariencia de ser una exportación a Andorra, con los beneficios fiscales que esto representa.