Un ecologista denuncia amenazas y agresiones de los regantes de Pego

Ni la justicia ni la presencia de la Guardia Civil parecen amedrentar los ánimos de la Comunidad de Regantes y del Ayuntamiento de Pego, que dirige el independiente Carlos Pascual, en su acción continuada de transformar el marjal de Pego-Oliva. El pasado viernes, un representante de Acció Ecologista Agró denunció ante la Guardia Civil de El Vergel a un socio de la Comunidad de Regantes por "amenazas, agresiones e insultos". Esta reclamación engrosará el proceso judicial contra los regantes y el alcalde de Pego.

El ecologista acompañaba a un equipo de Canal 9 para mostrarles los perjuicios causados por los cultivos de hortalizas y girasoles en pleno corazón del parque natural. Un hombre, que se identificó como miembro de la Comunidad de Regantes de Pego, les increpó que estaban invadiendo una propiedad privada. Según el activista de Agró, un grupo de agricultores afines al alcalde de Pego se acercaron al lugar donde se encontraban, y se unieron en insultos contra él y el equipo de televisión, e incluso el hombre le cogió del cuello y estuvo a punto de tirarle al canal de riego. El ecologista teme posibles represalias ya que, según explicó, el hombre le advirtió que "tuviera cuidado" porque le conocía y le amenazó diciéndole que no volviese a poner los pies en esas tierras. La denuncia pasará a engrosar el proceso abierto en el Juzgado de Dénia contra Carlos Pascual y el presidente de la Comunidad de Regantes, José Orihuel, sobre los que recaen varios presuntos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, así como por desobediencia judicial e incendio forestal. Esta misma semana el gobierno local de Pego y la Comunidad de Regantes han vuelto a desafiar a la juez desoyendo el auto que en marzo de 1997 dictó la titular del Juzgado de instrucción número dos de Dénia y que ordena la paralización de cualquier actividad en el parque natural. Máquinas cosechadoras iniciaban la recolección del arroz cultivado ilegalmente en el paraje protegido, mientras trabajadores del ayuntamiento adecuaban caminos, y la estación de bombeo, también financiada por el Consistorio, seguía desecando el humedal. Acció Ecologista-Agró critica además la postura de la Consejería de Medio Ambiente por respaldar la recogida del arroz en el marjal de Pego. Según los ecologistas, la consejería "no debía haber permitido este cultivo desde un principio", y consideran que "apoyar ahora que se coseche no hará más que agravar el conflicto". Según Agró, la venta del arroz reportará una serie de ingresos al ayuntamiento pegolino que "podrá emplear después en financiar nuevas acciones contra el parque natural". También alertan del peligro que representaría no controlar el cultivo de arroz, sobre todo, por el abuso de pesticidas, que ya han contaminado el río Racons y ocasionado la muerte de varias reses que pastaban en el marjal.