Gil interpreta que el TSJA le da la razón, pese a anular su PGOU

El alcalde de Marbella, Jesús Gil, entiende que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le dio "la razón" en el auto que suspendió el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que el gobierno municipal se autoaprobó en la madrugada del pasado 7 de agosto. Gil parte de que la resolución judicial no suspende el acuerdo por el que dicho pleno municipal ratificó la concesión de todas las licencias de obras otorgadas por el Ayuntamiento, para deducir que entonces el TSJA confirma los permisos amparados en su proyectado plan. La Sala de lo Contencioso, sin embargo, precisa en el auto que no suspende la ratificación de licencias de obras porque escapa a la denuncia planteada por la Junta de Andalucía, que se refería a la invasión de competencias por parte del Ayuntamiento. El TSJA no valora la legalidad o no de esos permisos porque "la ratificación de una licencia, que se supone ya concedida, es en principio y a los efectos de esta pieza de suspensión una competencia esencialmente municipal, sin perjuicio de su impugnación posterior por quien proceda". El Tribunal andaluz suspendió los cuatro puntos acordados por el gobierno municipal y relativos a la aprobación definitiva del PGOU, pero no el quinto, por el que Gil ratificaba todas las licencias de obras concedidas por su Ayuntamiento. La nota de prensa municipal, difundida "con el fin de no crear confusiones sobre la resolución", señala que el acuerdo tomado por el Ayuntamiento "no fue una aprobación definitiva del plan, sino una declaración de aprobación en base al silencio administrativo producido, sin invadir competencias de la Junta". Revocación El auto, sin embargo, indica que "la actuación municipal, por el contenido real del acuerdo, puede inducir a pensar que existe una revocación de la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo y que ello implica una lesión posible al principio de seguridad jurídica, porque a primera vista parece que se han ejercitado por la corporación [municipal] potestades que no le son propias". Gil recalca que la medida es cautelar, por lo tanto recurrible, y que su plan es el "único válido al día de la fecha". El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores, Ricardo Arranz, que afirma no conocer el auto, también argumenta que se trata de una decisión provisional "que debe ser valorada en su justa medida". El secretario local del PSOE de Marbella, Francisco Zori, entiende que todas las construcciones amparadas en el nuevo PGOU quedan en suspenso, "cualquier actuación [urbanística] en un plan no vigente puede ser paralizada o incluso demolida". José Carlos Aguilera, letrado del PSOE, declaró que la interpretación que hace Gil del auto es "disparatada y pura invención, contraria al espíritu de la resolución".