Médicos Sin Fronteras denuncia que el Consell pide el reintegro de 62 millones gastados en 1996

Toni Civera, delegada de la ONG Médicos Sin Fronteras, denunció ayer en las Cortes Valencianas que el servicio de intervención de la Consejería de Presidencia reclama a la organización no gubernamental que ofrece servicios médicos en países subdesarrollados 62 millones de pesetas correspondientes a dos proyectos de cooperación desarrollados en 1996 y financiados por la Generalitat Valenciana porque los informes relativos a las acciones desarrolladas en los Grandes Lagos y en Mozambique no se ajustan a los criterios oficiales para justificar gastos.

La financiación de la cooperación por parte de las instituciones públicas suele aportar el 80% de los fondos cuando se presentan los proyectos y cubre el 20% restante cuando las acciones ya han sido ejecutadas. La Generalitat se mostró muy generosa en 1996 cuando Médicos Sin Fronteras (MSF) solicitó 32 millones de pesetas para desarrollar una intervención de "emergencia" en la zona de los Grandes Lagos, en África central, donde dos años después del estallido del conflicto civil en Ruanda que conmocionó las conciencias de todo el mundo occidental por su virulencia todavía se concentraban centenares de miles de refugiados. El proyecto fue subvencionado con 35 millones de pesetas, pero las facturas correspondendientes con las que MSF justificó la gestión de los fondos no se ajustan a los criterios que sigue el escrupuloso interventor de Presidencia. "No le gustó el informe", comentó ayer Civera ante la comisión especial de las Cortes. El mismo problema se extiende a otro programa desarrollado en Mozambique, un país que vivió 16 años de guerra civil que sólo se apaciguó en 1992 con la firma de un acuerdo de paz entre el grupo guerrillero Renamo y el presidente Joaquín Chissano, y donde la organización desarrolló un programa de ayuda que ascendía a 27 millones. Pero el informe para justificar los gastos de MSF tampoco ha convencido al estricto interventor de Presidencia. Fuentes oficiales admiten que se ha producido algún cambio en el servicio de intervención, pero recuerdan que la gestión de fondos públicos debe ajustarse a unas normas que garanticen su buen uso. Civera declaró que los fondos gastados están "superjustificados" y expresó su sorpresa ante los requerimientos de la Administración autonómica: "Después de gestionados dicen que los tenemos que devolver". La delegada de MSF en la Comunidad Valenciana y Murcia no pudo ocultar que los responsables de la organización están muy preocupados porque durante 1997 han recibido 75 millones de la Generalitat para desarrollar acciones en Mauritania, Kenia y Cuba que, según los criterios que aplica ahora el servicio de intervención podrían considerarse no debidamente justificados. Civera invitó al interventor a que sea "digno y justo" y que procure soslayar las "bobadas" y los comentarios inconvenientes del estilo de "este informe no me gusta". Pedro Zamora, de NE, sintetizó el sentir de la oposición al calificar a los populares como "pandilla de desaprensivos". Los populares destacaron como réplica que los fondos destinados a cooperación por la Generalitat han crecido desde 64 millones en 1994 hasta los 1.700 previstos para 1998.