El Gobierno catalán renuncia a imponer un canon al agua de riego

El canon del agua no gravará los regadíos. La oposición provocada por el primer anteproyecto entre los agricultores ha convencido al Gobierno catalán de que extender el impuesto al campo no era conveniente en vísperas electorales. La última redacción exime del pago a los campesinos, al tiempo que establece una prórroga hasta el 2003 para los impuestos impagados en la guerra del agua.

El Gobierno catalán tenía previsto informar al consejo local sobre el anteproyecto de ley del agua. Este paso es previo a su entrada en el Parlament, pero la reunión fue cancelada sin mayores explicaciones. La oposición atribuye el hecho a que las negociaciones sobre el proyecto de ley no han terminado. Durante la pasada semana, los responsables de redactarlo mantuvieron varias reuniones con representantes de diversos partidos. "Es un proyecto que parece no satisfacer a nadie", comentaron ayer fuentes conocedoras de la negociación, que añadieron que la mayor oposición procedía de Iniciativa per Catalunya (IC) y del PP. Sin embargo, la última redacción, ya de forma articulada, recoge algunas de las peticiones de sectores que, en un principio, rechazaron la ley. Así, los campesinos han visto como era suprimido el canon por regadío. La negociación con la plataforma del recibo del agua, en cambio, se mantiene en punto muerto. La redacción propuesta por el Ejecutivo ofrece a quienes no han pagado los impuestos que acompañan el recibo del agua que puedan hacerlo en un plazo de cuatro años (del 2000 al 2003), de forma fraccionada y sin intereses. Para acogerse a esta medida es indispensable abonar el primer plazo. Quienes no lo hagan pierden la posibilidad de acogerse a la moratoria y serán perseguidos por la vía del constreñimiento, según la última redacción de la ley, que lleva fecha 28 de agosto. Un portavoz del Departamento de Medio Ambiente aseguró ayer que este texto está también abierto a correcciones. El hecho es que la disposición final, que se mantiene del anteproyecto original, impone un calendario contrarreloj, al establecer como plazo para la entrada en vigor de la ley el 1 de enero de 1999. Este es un punto de fricción con los socialistas, que prefieren no correr tanto y fijar como término el 1 de enero del 2000. El proyecto incluye diferentes cautelas para evitar que se reproduzca una situación similar a la actual, cuando 70.000 familias rechazan abonar los impuestos añadidos al recibo del agua. La ley mantiene las deducciones para familias numerosas y con ingresos inferiores al salario mínimo y reconoce bases imponibles diferentes para el consumo doméstico y el hotelero y los cámpings.