Una empresa acude al Defensor del Pueblo porque Tráfico la discrimina

Multigestión Europa, empresa dedicada a recabar para las aseguradoras información sobre vehículos siniestrados, ha recurrido ante el Defensor del Pueblo por lo que consideran "actuaciones abusivas y discriminatorias" recibidas en la Jefatura de Tráfico de Almería. Esta empresa, que basa su gestión en el carácter administrativo y público de la información solicitada, denuncia que la oficina almeriense, junto con la de Granada, son las únicas que obstaculizan su labor, negándoles la expedición de documentos.

Por su parte, el Jefe Provincial de Tráfico de Almería, Antonio Ginés Sarachaga, asegura que la labor ejercida por esta empresa está "exclusivamente" reservada a instancias administrativas. Los empresarios, que se ven obligados a realizar su función fuera de Almería y Granada, esperan que el Defensor del Pueblo de traslado del asunto a la fiscalía. Tras ocho meses de gestión en los que Multigestión Europa solicitó, previo pago de las tasas correspondientes, notas informativas de más de 2.500 titulares de vehículos, la Jefatura de Tráfico de Almería se ha negado a facilitar más datos a esta empresa. La actividad de su promotor, Francisco Ortiz, se basaba en la petición de "simples notas informativas o certificaciones" sobre la titularidad de vehículos siniestrados. La información requerida, según el Código de Circulación, tiene carácter público. Al serles denegadas las expediciones de dichas notas, los empresarios creen que son objeto de actuaciones "abusivas, discriminatorias y de implacable persecución" por parte del jefe provincial de Tráfico en Almería. Fue éste quien, alegando su deber como funcionario de "perseguir" delitos, remitió un comunicado al Colegio de Gestores por el que informaba de la actividad de esta empresa, así como del número de documentos solicitados por la misma a la jefatura de Tráfico. "Estos señores dicen que investigan accidentes. No sé exactamente lo que es eso porque los siniestros los investigan las compañías de seguros, no ellos", afirma el jefe provincial de Tráfico, que añade: "No es función de ellos detectar vehículos dados de baja en circulación. Es función de la Guardia Civil". Problema de legitimidad Para Sarachaga, se trata de un problema de legitimidad en la labor ejercida: "Sólo tienen que acreditar la representación de la compañía de seguros que quiere esos datos y el motivo de por qué los quiere". Sin embargo, este tipo de requisitos exigidos a Multigestión Europa en las jefaturas de Granada y Almería no se da en el resto del país, ya que la empresa sigue operando en la actualidad desde las jefaturas de Barcelona o Murcia sin trabas administrativas. El jefe de Tráfico niega que la jefatura de Almería actúe de forma diferente a las del resto de España: "Si eso fuera así, está en conocimiento de la Dirección General, que es la que coordina todas las jefaturas provinciales". El motivo de que la actividad de la empresa se interrumpiera tras ocho meses de trabajo se debe, según el jefe provincial, a un "abuso" de la buena fe de los funcionarios: "Los diez o doce funcionarios que en ese momento estuvieron empezaron a dar los documentos pensando que lo tenían que dar, sin más. Hasta que se detectó", asegura el titular de Tráfico. Afirma también que las demás empresas que se dedicaban a la misma labor han dejado de pedir las notas informativas desde que se les pide acreditación y razones de la solicitud. La Agencia de Protección de Datos, en un escrito remitido a la empresa Multigestión Europa asegura no ver ilegalidad en la cesión de datos a un tercero distinto del titular por parte de la Dirección General de Tráfico, con el fin de conocer el nombre del propietario, domicilio, población o embargos. A pesar de que la labor ejercida por la empresa almeriense es acorde con la ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, la jefatura se insiste en la necesidad de acreditación de los peticionarios conforme a la ley de procedimiento. El caso ha sido presentado a diferentes instituciones públicas, entre ellas la Subdelegación del Gobierno en Almería, que archivó el expediente. Los empresarios también remitieron un escrito al Rey que está a la espera de respuesta por parte del Ministerio del Interior, así como la pregunta de la parlamentaria socialista Cristina Narbona sobre este asunto. La denuncia presentada por el Colegio de Gestores contra Multigestión Europa está pendiente de resolución.