Debate en Portugal por la muerte de toros en festejos taurinos

La tradición se impuso a la ley. La muerte de cinco toros durante las fiestas de Barrancos, una pequeña localidad portuguesa situada junto a la frontera española de Huelva, ha reabierto una antigua polémica sobre las corridas de toros, cuya estocada final está prohibida en el país vecino desde 1928. El desafío a la legislación vigente, ante la pasividad de las fuerzas del orden público, ha provocado un debate nacional entre quienes exigen el cumplimiento estricto de la ley y aquellos que defienden la excepción para mantener las tradiciones.La controversia comenzó hace unos 15 días cuando la Sociedad Protectora de Animales denunció a un juez de Lisboa la sistemática violación de ese decreto durante las fiestas de Barrancos, que se celebraron el pasado fin de semana. El magistrado ordenó a las autoridades del Ministerio del Interior que tomaran las medidas necesarias para hacer cumplir la ley, pero los vecinos de Barrancos anunciaron que mantendrían su tradición de hace más de 300 años y amenazaron con arriar la bandera portuguesa e izar la española en el Ayuntamiento. Apoyados por toda la población, toreros españoles mataron a los animales y pudieron salir de Barrancos sin problemas, a pesar de que habían sido alertados de una posible detención.

Un comunicado oficial explicaba que la actuación de las fuerzas del orden debía de tener en cuenta "una sensata y ponderada utilización de los medios materiales y humanos para eludir daños personales o materiales aún mayores de los que se pretendía evitar. Antes la sangre del toro que la humana". El texto oficial añadía que una actuación más contundente podría haberse traducido en "graves perturbaciones del orden público, de consecuencias imprevisibles".

El ex diputado del Partido Socialista y vicepresidente de la Comisión Regional de la región de Alentejo, Gavino Paixao, no descarta tomar medidas de presión para proponer la legalización en la Asamblea de la República, recabando el apoyo de diputados de todos los partidos políticos, entre ellos el de algunos ministros. La controversia, pues, ha llegado hasta las más altas instancias del Estado.