Mariscal reclama al Constitucional la competencia sobre las plantillas de justicia

El conflicto que enfrenta a las administraciones central y vasca desde comienzos de año por la competencia sobre el diseño de la plantilla judicial vasca ya ha llegado hasta el Tribunal Constitucional. La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, ha jugado la baza del alto tribunal y ha presentado finalmente un conflicto positivo de competencias por la propuesta de plantilla de funcionarios elaborada por el Departamento de Justicia. Así, el máximo intérprete de la Constitución tendrá que pronunciarse sobre cuál de las dos administraciones es competente a la hora de configurar las plantillas, ya que ambas se atribuyen esa facultad. Según la ministra, la plantilla vasca es ilegal porque arbitra unas medidas que exigen saber euskera para ocupar determinados puestos de la judicatura. Además, el ministerio observa irregularidades en otros cinco requisitos, considerados como esenciales en el acuerdo vasco para la relación de los puestos de trabajo de oficiales, auxiliares y agentes: la formación informática, la defensa de un mínimo de antigüedad para determinados puestos, la formación inicial o de reciclaje en la jurisdicción o puesto de trabajo, y la creación, a base de amortizaciones, de una bolsa de puestos de trabajo de ámbito provincial con la que crear órganos y servicios comunes. Desde el departamento siempre se ha mantenido que no existe ningún problema de legalidad y sí de voluntad política, porque, según sus responsables, en el fondo lo que es objeto de debate es la articulación del Poder Judicial y lo que le sirve de soporte en el Estado de las Autonomías. Incluso el Consejo General del Poder Judicial emitió hace unos meses un dictamen favorable a la pretensión del Gobierno vasco. El consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga (EA), prefirió no pronunciarse ayer hasta confirmar oficialmente la presentación del conflicto de competencias.