Vivir en México a 28 delitos por hora

El cómico mexicano Eduardo Manzano, Polivoz, apenas recuerda el tiroteo que lo llevó a una cama del Hospital Santelena porque, dijo, todo fue demasiado rápido. "Tengo un balazo en el abdomen y mi pie derecho está deshecho de otro plomazo". Al parecer, Manzano, armado, salió en defensa de un comerciante en apuros. En el cruce de disparos murió su asaltante, que empuñaba una pistola Pietro Bereta, de uso castrense.El suceso ocurrió hace unos días, y poco tiene de extraordinario en un país donde, según los datos oficiales, el pasado año se denunciaron cerca de 1.490.000 delitos. Otros muchos no lo fueron por falta de confianza en la justicia. Hartos todos, el Gobierno de Ernesto Zedillo presentó el pasado miércoles el más ambicioso programa contra el hampa concebido nunca en México.

La oposición abriga serias dudas sobre la viabilidad del proyecto y alguno de sus representantes lo calificó de "más ilusorio que real".

Las páginas policiales atestiguan la magnitud del desafío. La divulgación de la Cruzada Nacional contra el Delito y la Delincuencia, diseñada por el Ejecutivo y los gobernadores de todos los Estados coincidió con la petición de desafuero cursada por la fiscalía del Estado de Guerrero contra dos alcaldes y un diputado, sospechosos del secuestro de seis personas, con la orden de detención emitida contra el director de operaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Jalisco, también supuesto secuestrador, y con la fuga de dos jefes narcotraficantes por una ventana previo pago de 600.000 dólares (90 millones de pesetas) a los cuatro policías federales encargados de su custodia. Noticias todas de última hora presentadas con guarnición de atracos callejeros, asaltos a sucursales bancarias o violaciones.

Las medidas ejecutadas hasta ahora se demostraron ineficaces porque el mal es profundo, y obedece a causas complejas. "Hemos fallado pero no fracasaremos", aseguró Zedillo durante la presentación del programa, efectuada en un solemne acto ante las más altas autoridades del país y víctimas del delito. "La ciudadanía tiene razón cuando exige con firmeza resultados claros en el combate a la delincuencia". La Cruzada recibió una partida de 3.500 millones de pesos (55.800 millones de pesetas), 17 veces los recursos asignados el pasado año, y establece depuraciones y cursos de capacitación en los cuerpos de seguridad. Un banco de datos capaz de almacenar 50 millones de huellas dactilares, mejor equipamiento, y mayores prestaciones sociales a los funcionarios. Se pretende duplicar las plantillas, desarrollar un sistema de enlace entre las instituciones coercitivas de los Estados, endurecer las penas con cambios en la Constitución y el código Penal, y habilitar un registro centralizado para impedir que policías corruptos expulsados de un Estado encuentren trabajo en otro.

Mejorar los salarios

La preparación de los policías judiciales, agentes preventivos y peritos, todos mal pagados y vulnerables, fue citado por el secretario de Gobernación, Francisco Labastida, como el eje fundamental de las reformas en marcha. Los judiciales deberán pasar cinco exámenes destinados a certificar que no se drogan, que su nivel de vida corresponde a los ingresos, que no sufren desequilibrios psicológicos, y que sus aptitudes físicas y mentales corresponden a la responsabilidad encomendada. "Mejores policías y mejores ministerios públicos quiere decir: primero depurarlos, destruir a los malos elementos y aplicar la ley con rigor a quien la haya violado", explicó Labastida. "Y hay que pagar mejor a los policías y darles las prestaciones adecuadas".Los sistemas de información, comunicación e inteligencia, que registran un atraso de décadas, serán modernizados antes de que concluya el mandato de Zedillo, en el año 2000, prometió su ministro.

El Gobierno intentará comprometer activamente en sus planes a los órganos de representación social, religioso y económico de una ciudadanía espantada por la corrupción y la delincuencia uniformada, y escasamente gratificada por el trabajo de los 24.000 policías, 6.500 funcionarios del Ministerio Público, 3.500 peritos, y 830 juzgados penales de primera instancia y mixtos existentes. Esa dotación es considerada por el Gobierno insuficiente para atender la necesidades de un país que ha superado los 96 millones de habitantes. El balance es muy pobre. El pasado año fueron dictadas 149.000 órdenes de detención pero sólo se ejecutaron 85.000. El porcentaje de delincuentes detenidos guarda una proporción muy baja respecto a los delitos cometidos. Conclusión a diario certificada por los mexicanos: el número de delincuentes libres es muy alto.

Y la delincuencia ha crecido en buena parte por la impunidad existente, y que algunas fuentes sitúan en torno al 80%. De cada 100 delitos, 95 son del fuero común y su combate corresponde a los Gobiernos de los Estados y la judicaturas locales. Solamente en la capital federal -20 millones de habitantes-, se cometieron 672 delitos al día durante este primer semestre, o sea, 28 por hora, y se robaron 5,9 automóviles cada sesenta minutos. "Comparto la indignación de los mexicanos por la ineficacia de de los cuerpos de seguridad", admitió Zedillo.