El Síndic de Greuges reconoce fallos de seguridad y de salud en el mayor edificio PROP de Valencia
El edificio PROP, situado en el número 27 de la calle Gregorio Egea de Valencia, que estaba destinado a servir de ventanilla única para resolver gestiones de ámbito autonómico, incumple la normativa de salud y seguridad laboral y carece de licencia de ocupación, según la resolución del Síndic de Greuges. A instancias de una queja formulada por el sindicato UGT, el Síndic incluye tres "recordatorios de deberes legales" -por su naturaleza, las resoluciones de esta institución no son imperativas- y reconoce explícitamente las "omisiones" de la administración autonómica en el cumplimiento del Reglamento de Disciplina Urbanística y de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el edificio autonómico. El equivalente valenciano al la figura del Defensor del Pueblo reconoce la falta de licencia de ocupación del edificio, un permiso municipal que garantiza las condiciones de seguridad y salubridad exigibles, lo que Gonzalo Fernández, portavoz de Servicios Públicos de UGT interpreta como una actitud de "abuso desmedido" por parte de la administración autonómica ya que la Generalitat "incumple lo que es de obligado cumplimiento para todo el mundo". El núcleo de la queja se centra en las infracciones de la Generalitat en materia de salud y seguridad en el trabajo. La resolución del Síndic recuerda a la Administración la exigencia de contar con un plan de prevención de riesgos laborales y la necesidad de garantizar a los más de 300 funcionarios que trabajan en el edificio el derecho a la participación y a la información en materia de prevención de riegos laborales. La respuesta de la institución que dirige Juan Ferrando Badía a la queja remitida por el sindicato UGT es un "varapalo tremendo" a la Administración autonómica según Fernández. Con un conato de incendio -el 17 de octubre de 1997- y un aviso de bomba -el 15 de septiembre de 1997-a sus espaldas en el que, según el protavoz de UGT, fallaron tanto las medidas de seguridad como las de evacuación del edificio, la única razón que explica la inexistencia del plan en un edifico "emblemático que costó más de 4.000 millones a la Generalitat" y que tiene poco más de dos años es "la preocupación por la imagen que tiene el Gobierno Zaplana y lo poco que le interesan los trabajadores y usuarios valencianos".
