Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Un registro en el Ayuntamiento de París estrecha el cerco judicial en torno a Chirac

Un registro ordenado por el juez Patrick Desmure en el Ayuntamiento de París a comienzos del pasado mes de julio apunta a que al menos una quincena de personas fueron contratadas por el municipio en 1994 hasta que el alcalde de la capital francesa, Jacques Chirac, fue elegido, en 1995, presidente de la República. Los datos obtenidos gracias al registro han servido para establecer un estrecho nexo entre la campaña electoral de Chirac y el llamado escándalo de los falsos empleos, que, según la investigación judicial, afecta a casi trescientos militantes neogaullistas.

La firma del actual presidente aparece en varios casos dando validez a contratos como "inspector general de la ciudad" de personajes conocidos que desempeñaban un cargo importante en el partido neogaullista Unión por la República (RPR).El procesamiento del exprimer ministro Alain Juppé y del antiguo ministro de la Cooperación, Michel Roussin, ha sido interpretado en medios políticos y periodísticos franceses como la caída de las últimas murallas que protegen a Chirac de la curiosidad de los jueces.

Dos periódicos coincidían ayer en sus titulares: "Juppé protege a Chirac", decían tanto Libération como Le Parisien al analizar las declaraciones de Juppé del pasado martes en las que intentaba "asumir toda la responsabilidad" y calificaba de "hipótesis absurda" el que Chirac hubiese estado al corriente de los falsos empleos.

Hoy por hoy, son nueve jueces instructores distintos los que instruyen un total de 15 sumarios diferentes en seis juzgados de París y sus alrededores. La dirección del RPR aparece implicada en todos los sumarios, y el Ayuntamiento de París, en no menos de siete, ya sea por pagar salarios a "falsos" trabajadores, ya por colocar en empresas privadas "amigas" a otros empleados no menos ficticios. Pero también por tráfico de influencias, servirse de falsas facturas para desviar más de sesenta millones de francos (unos 1.500 millones de pesetas), trucar listas electorales o entregar altas sumas a la esposa del actual alcalde de París, Jean Tiberi, a cambio de un informe de 35 páginas copiado de otro libro, incluso con faltas de ortografía.

La derecha, acosada por un crecido Frente Nacional, atraviesa una crisis política que también es una crisis de credibilidad a raíz de sus conflictos con la justicia.

A principios de los años noventa, los socialistas pagaron muy cara la financiación irregular de su partido. Hoy parece tocarle el turno al RPR y a sus divididos aliados de la Unión por la Democracia Francesa (UDF). Ahora, se dice que por sentido de Estado, la izquierda prefiere callar y no hace leña del árbol caído, pero ya se ocupa de ello el Frente Nacional.

El anterior ministro de Justicia, el conservador Jacques Toubon, retrasó durante dos años el trabajo de los jueces instructores. Pero su sucesora en la cartera, la socialista Elisabeth Guigou, repite hoy esta cantinela: "No tengo por qué dar instrucciones a los jueces instructores, que trabajan con plena independencia".

Precisamente esta independencia ha llevado a los jueces a estrechar el cerco en torno a Chirac. La prensa, pero también los políticos y los expertos constitucionalistas, se preguntan si Chirac puede, no ya ser procesado, sino, simplemente, llamado a declarar.

El artículo 68 de la Constitución dice que "el presidente de la República, sólo en caso de alta traición, es responsable de sus actos en el ejercicio de su función", y precisa que, para poder procesarle, es necesaria la autorización "por mayoría absoluta" del Senado y la Asamblea Nacional. En medio de disputas legales entre quienes consideran que el presidente puede ser citado por los jueces como cualquier ciudadano o los que defienden su inmunidad, hay que recordar que la propia Constitución atribuye al jefe del Estado el papel de "garante de la independencia de la autoridad judicial". Además, en su calidad de presidente del Consejo Superior de la Magistratura, se le puede considerar juez y parte.

Montesquieu reclamaba la separación de poderes, pero el general De Gaulle instituyó esa especie de monarquía republicana que es la VRepública. Y Chirac quiere seguir disfrutando del trono que tantos años tardó en conquistar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de agosto de 1998

Más información

  • 15 militantes del RPR en la nómina municipal sólo trabajaban para la campaña presidencial