La Comunidad paraliza por "especulativa" una compraventa de 78 viviendas del Ivima

La consejería de Urbanismo ha echado el freno, in extremis, a la operación de compraventa que iban a formalizar el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) y el colectivo de 78 inquilinos del edificio número 63 de la calle de Fernández de la Hoz. El Ivima estaba a punto de cerrar la venta del inmueble a los vecinos a cambio de 200 millones de pesetas, e incluso su gerente, Juan José Franch, había dado ya el visto bueno. Sin embargo, el titular de la consejería, Luis Eduardo Cortés, ha parado en seco el negocio por creer que esconde "una maniobra especulativa".

El inmueble de Fernández de la Hoz, 63 se encuentra en una zona céntrica y privilegiada de la ciudad, con una de sus fachadas mirando a la plaza de San Juan de la Cruz. Hace algunos años, el Ivima (dependiente de la Administración regional) sopesó la posibilidad de aprovechar ese edificio para oficinas propias y se planteó el desahucio de los inquilinos, un proyecto que al final no fructificó ante el unánime rechazo que suscitó entre los afectados. Después de aquella experiencia, los vecinos concluyeron que lo más conveniente para sus intereses era negociar con el Ivima para que este organismo les vendiera sus casas. El abogado elegido por los residentes para representarles ante la administración autonómica fue Antonio García-Trevijano, bajo cuya tutela se constituyó, el pasado 16 de junio, la sociedad civil particular Edificio Fernández de la Hoz Número 63.

García-Trevijano obtuvo de sus clientes autorización para "comprar, hipotecar, permutar o vender el local segregado resultante de la división de la finca, recibir las diferencias en metálico o el precio, alquilar viviendas o locales". También, para "establecer las condiciones económicas de la cesión, a una empresa solvente, del solar edificable con fachada a la plaza de San Juan de la Cruz", y un largo etcétera de potestades.

Dos alturas más

¿Qué había sucedido? Sencillamente, que el abogado y los titulares de los 78 pisos y locales del edificio habían llegado a la conclusión de que la operación podía servir para ir un poco más allá de la simple adquisición del inmueble. En el mismo documento del pasado 16 de junio se detalla en qué consistía el plan. Una vez obtenida la titularidad del inmueble -para lo que había que pagarle 200 millones de pesetas al Ivima-, construirían dos alturas y un ático más, así como un nuevo taller y unas cocheras. En esta superficie adicional se acomodarían los vecinos que viven en el lateral del inmueble, con forma de corrala y salida a la plaza de San Juan de la Cruz. Nada más culminar el traslado, la corrala se demolería, de forma que esa parte de la finca se pudiera "permutar o vender a aquella empresa constructora o promotora que realice a su costa todas las obras de rehabilitación y elevación, y pague en metálico la diferencia en el precio de mercado del solar".

En suma, la propiedad confiaba en que todas las reformas del edificio le salieran gratis, y encima obtener alguna plusvalía con el lateral que da a San Juan de la Cruz, el más suculento desde un punto de vista comercial. El portavoz parlamentario del PSOE, Juan Antonio Ruiz Castillo, ya expuso hace un par de meses sus recelos sobre esta compraventa en la Cámara regional, y entonces Cortés le refutó: "Los vecinos eligen al abogado que quieren". Sin embargo, tras conocer con detalle los planes de la sociedad civil Edificio Fernández de la Hoz Número 63, el consejero de Urbanismo y Obras Públicas ha frenado en seco. De momento, no hay compraventa que valga.

El socialista Ruiz Castillo está convencido de que su grupo ha evitado la consecución de "unas plusvalías desmesuradas" a cuenta de un edificio del Instituto de la Vivienda. "No es por colgarnos medallas", apuntó, "pero si no llegamos a destapar las peculiaridades ocultas en este tema, se habría consumado un pelotazo urbanístico en toda regla".

Cortés considera ahora que la construcción de nuevas alturas y la venta de un lateral del edificio a una "constructora o promotora" que asumiera la rehabilitación de las casas "presenta un componente de posible especulación".

Por su parte, Juan Antonio Ruiz Castillo aprovechó para criticar la intermediación del abogado García-Trevijano en todo este asunto. "Cada vez que su nombre aparece por algún sitio, ya nos surge la duda de si no habrá algo detrás. Este señor ya se llevó 15 millones de pesetas de la consejería de Educación y Cultura por un informe de cuatro páginas. Es como para empezar a mosquearse", concluyó.