Los condenados estiman "nula" la instrucción que hizo Garzón

La instrucción del caso Marey por el juez Baltasar Garzón es uno de los seis motivos alegados por el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera, en sus recursos. El de Vera, de 392 folios, alega también que el ex gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal y el ex subcomisario José Amedo "declarasen en cada ocasión según les parecía oportuno, pero nunca toda la verdad y nada más que la verdad". Vera indica que no hay pruebas contra él y que es nula la instrucción del juez Garzón. Hace hincapié en que en el juzgado se produjeron "presiones y coacciones" y en que se ha vulnerado su derecho a un juez imparcial "por hallarse el instructor inmerso en esta causa por tener interés directo o indirecto en la misma y previa relación con el objeto del proceso". Tras incidir en la "enemistad manifiesta" existente entre Vera y Garzón, el recurso asegura que todas las resoluciones dictadas por éste "son nulas de pleno derecho" desde el momento en que José Amedo inculpó a José Barrionuevo, ya que el juez retuvo la instrucción pese a su falta de competencia (el ex ministro es aforado por ser diputado y el tribunal competente era el Supremo). Barrionuevo emplea en su recurso esta circunstancia para argumentar que se ha violado su derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Dice que toda la instrucción "está viciada de nulidad de pleno derecho" porque el juez Garzón actuó con una "manifiesta falta de competencia" y "retuvo indebidamente la causa durante más de siete meses". También señala que hubo "un evidente retraso en conferir la condición de imputado a Barrionuevo".

Según el recurso de Vera, existen pruebas cuyo origen es "manifiestamente ilícito", como los documentos del Cesid, y, además, se ha detectado la "contaminación de, al menos, uno de los magistrados" del tribunal en relación con la filtración de la sentencia en El PAÍS varios días antes de dictarse.