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LOS RECURSOS DEL 'CASO MAREY'

Amedo pedirá el indulto, pero es el único que no recurre al Constitucional

El abogado del ex policía Michel Domínguez presentó ayer un recurso de amparo ante el Constitucional en el que pide que revoque su condena de dos años y cuatro meses por el caso Marey, alegando la nulidad de la instrucción del juez Baltasar Garzón. El letrado reiterará el próximo martes en el Ministerio de Justicia la solicitud de indulto cursada hace cinco años para Domínguez y el ex subcomisario José Amedo. Éste es el único que no recurrirá al Constitucional.

En el recurso presentado por el abogado Jorge Manrique, en representación de Domínguez, solicita también del Tribunal Constitucional que suspenda la ejecución de la sentencia dictada el pasado mes de julio por el Supremo en tanto no resuelva este recurso de amparo. No es ésta la única iniciativa promovida por el defensor de Domínguez -que también lo es del ex subcomisario José Amedo, condenado a nueve años y seis meses- ya que presentó sendos escritos en el Tribunal Supremo en los que solicita que las condenas por el secuestro de Segundo Marey se acumulen a las que sus dos clientes tenían con anterioridad por su relación con los atentados de los GAL contra los bares Batzoki y Consolation, con lo que no tendrían que reingresar en prisión.

Asimismo, el letrado de ambos ex policías acudirá el próximo martes al Ministerio de Justicia para pedir el indulto de sus clientes y reclamar que se resuelva el expediente que se presentó hace cinco años solicitando esta medida de gracia por su anterior condena, petición que fue respaldada por 450.000 firmas.

Manrique explicó ayer que sólo Domínguez había recurrido en amparo la sentencia del Supremo porque Amedo "entiende que sus derechos [en el juicio por el secuestro de Marey] se han salvaguardado" y ha tenido "un juicio garantista". En cambio, Domínguez ha decidido pedir al Constitucional el amparo no por el contenido de la sentencia, sino exclusivamente por la instrucción del caso que hizo el juez Garzón, que el ex policía considera irregular y, por tanto, en su opinión, debe anular todo el proceso. En su recurso, el ex inspector invoca la vulneración del artículo 14 de la Constitución, que proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley, y del artículo 24, en sus apartados primero y segundo, referente a la protección judicial de los derechos. El ex policía demanda en su escrito que se tenga en cuenta que él, sobre quien ha recaído la condena más baja de los doce condenados por el caso Marey, ha sido sentenciado como cómplice, y no como autor, de un delito de detención ilegal. Por eso, reclama del Constitucional que de forma urgente, y en tanto resuelve el fondo de su recurso, determine la suspensión de esta condena ya que ésta acarrearía de nuevo su ingreso en prisión por reincidente. Esta suspensión de la ejecución de la pena afectaría sólo a Domínguez, debido al carácter personalista de este tipo de recursos, según explicó el abogado.

Acumulación de penas

Dado que la sentencia del Supremo supondrá el ingreso en prisión de ambos ex policías cuando previsiblemente se ejecute en septiembre, el letrado requiere del Supremo que acumule las penas del caso Marey a las que ya pesaban sobre ellos, con lo que la condena total de Domínguez sería de 110 años y la de Amedo de 118 años. En este caso, según el abogado, no se modificaría la situación de los policías, que no están en prisión porque disfrutan del régimen abierto. El abogado argumenta que el Supremo debe acumular todas las penas porque las condenas se refieren a hechos de los GAL que fueron la base para que 103 ciudadanos constituidos en acción popular presentaran una querella en 1988.

El pasado miércoles presentaron recursos ante el Constitucional el ex jefe de la Brigada de Información de Bilbao Miguel Planchuelo, condenado a nueve años y seis meses; los comisarios Julio Hierro y Francisco Sáiz Oceja, condenados a cinco años y seis meses; y los policías José Ramón Corujo y Luis Hens, penados a cinco años. Los policías consideran que se han vulnerado sus derechos fundamentales, entre ellos el de tener un juicio justo. Antes recurrió el ex secretario general de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea, condenado a siete años, quien entiende que su delito ha prescrito y, además, que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.

El ex gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal, sentenciado a 10 años, recurrió el pasado día 14 haciendo hincapié a la falta de garantías durante el proceso, la prescripción de los delitos, el hecho de que ha colaborado con la justicia y en que no cuenta con el derecho a recurrir a otras instancias por ser el Supremo el que le juzgó, al estar acusado el ex ministro José Barrionuevo, aforado por su condición de diputado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de agosto de 1998

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