El PP entrega a la Fiscalía Anticorrupción datos sobre concesiones de Bolín a "empresas amigas"

El Partido Popular entregó ayer a la Fiscalía Anticorrupción un informe en el que se relacionan distintas empresas y personas que mantienen una relación privilegiada con el Ayuntamiento de Benalmádena y a las que "sistemáticamente les concede contratos o les adquiere bienes por valor anual de varios centenares de millones". El PP ha pedido a la fiscalía que investigue como el alcalde, Enrique Bolín, ha conseguido saldar en tres años una deuda de 1.437 millones de pesetas cuando no tiene más ingresos declarados que su sueldo municipal, que además se encuentra embargado.

Según el PP, esta red de "empresas amigas" estarían siendo beneficiadas por el Ayuntamiento con contratos privilegiados a cambio de los cuales Bolín obtendría importantes beneficios económicos. "Este complejo entramado de entidades jurídicas, en el fondo íntimamente relacionadas con el propio Bolín, vienen de sirviéndole de soporte básico para su extraordinaria recuperación económica", según sostiene el PP en su informe. Los autores de la denuncia sin embargo prefieren mantener reservados los datos sobre las sociedades acusadas de servir de fuente de financiación a Bolín, y sólo han desvelado que se tratan de empresas constructoras y de servicios de hostelería, éstas últimas radicadas en el puerto deportivo. Decisiones caprichosas Una de las empresas "amigas", Cardibén, es propietaria de la vivienda particular de Enrique Bolín, que se subrrogó la hipoteca que pesaba sobre ella aunque ha firmado con el alcalde un contrato que le da derecho al usufructo, según ha reconocido a EL PAÍS el propio Bolín. El portavoz del PP en Benalmádena, Miguel Muñoz, asevera también que en el informe figuran "datos de casos concretos de ciudadanos manifiestamente perjudicados por decisiones caprichosas o irregulares", entre ellos la exigencia a un vecino de un pago de dos millones de pesetas a cambio de una licencia de apertura o la retirada de una ya concedida a un empresario que "cometió la osadía de opinar en un medio de comunicación contra la viabilidad de un proyecto municipal". También se relacionan en el informe a la fiscalía varios casos de modificaciones "irregulares" al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de las que se han beneficiado algunas constructoras que forman parte de la trama denunciada y que tienen una "grave incidencia en el medio ambiente". En este sentido una coordinadora de defensa de Benalmádena de la que forman parte varias asociaciones de vecinos, ecologistas y distintos colectivos de la localidad, todos los partidos de la oposición y el sindicato UGT han denunciado 50 casos en los que se han permitido aumentar los volúmenes de edificabilidad contemplados en el PGOU. El PP ha justificado la decisión de acudir a la fiscalía en la "inquietud" que ha provocado en Benalmádena este cúmulo de irregularidades, e incluso habla de la existencia de "temor de muchos ciudadanos", y los indicios de posibles delitos en las actuaciones del alcalde. Bolín ha negado la existencia de las deudas cuando accedió a la alcaldía en junio de 1995, momento en el que asegura que ya estaban liquidadas -incluso reconoce que llegaron a ser superiores a 1.500 millones- a costa de perder todo su patrimonio. El alcalde confesó el domingo a EL PAÍS que se encuentra "encantado" de que la fiscalía le investigue porque así se demostrará que todas las acusaciones son falsas y acusó al PP de injuriarle y calumniarle. "Si quieren quitarme de en medio tendrán que darme un tiro en la nuca", dijo. El alcalde de Benalmádena mantiene unas relaciones tortuosas con el PP desde hace años. Accedió al cargo por este partido en 1983 y en 1989 fue detenido en Gibraltar en posesión de droga y de vídeos en los que aparecían menores. Aquel episodio motivó su expulsión de la formación y le costó todo su patrimonio, como él mismo ha reconocido. En 1995 reapareció en la política como candidato a la alcaldía del Grupo Independiente de Benalmádena. Consiguió ocho concejales y hasta enero de 1997 gobernó con el apoyo de los seis ediles del PP, partido que no aceptó el apoyo que le ofrecieron IU y PSOE para gobernar. Las relaciones de aquella coalición fueron difíciles, hasta que el PP aprovechó un incremento salarial del 30% en los sueldos de los concejales para romper su apoyo al alcalde. Pero no todos lo hicieron, cuatro ediles populares se mantienen en el equipo de gobierno y han sido expulsados de la formación aunque tienen puesto un recurso en el comité de conflictos nacional.