Administración y pescadores buscan alternativas al caladero marroquí

Las flotas pesqueras andaluzas que acostumbran a desarrollar su actividad en aguas de Marruecos se encuentran ahora analizando posibles alternativas que eviten en un futuro la "dependencia y servidumbre del sector de los condicionantes y restricciones impuestos" por las autoridades alauitas, según explicó ayer el secretario de la Cofradía de Pescadores de El Puerto (Cádiz), Antonio Carbonell. Carbonell se refiere a un documento, que ya en la actualidad estudia la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta, en el que se recoge "un cambio drástico en la política de vinculación pesquera entre España y Marruecos", de forma que, en lugar de insistir en la renovación de licencias para seguir faenando en aquellas aguas, se comience a trabajar en la adaptación de la flota para que pueda desarrollar su labor en las aguas propias de los caladeros del golfo de Cádiz. El informe evalúa el coste que tendría la reforma de la flota en barcos más pequeños, de unas 50 toneladas, y mejor dotados técnicamente, "que ya difícilmente cumplen las nuevas normas de seguridad de la Unión Europea". Ayudas Al objeto de facilitar la renovación, el sector considera fundamental el establecimiento de "importantes ayudas" procedentes de los Fondos de Promoción Pesquera de la Unión Europea y el desarrollo de cursos de capacitación para que los pescadores actualicen sus conocimiento en materia de seguridad o en nuevas tecnologías. También pretenden que la formación de los profesionales fomente nuevas vocaciones. "La falta de nuevas generaciones de marineros es alarmante", afirma Carbonell. Este proceso, según estima el secretario de la Cofradía de Pescadores de El Puerto, debe venir acompañado de la recuperación biológica de los caladeros del golfo de Cádiz, que en este momento se encuentran muy esquilmados. Para ello, el sector propone la aplicación de una veda biológica de "al menos dos años" que permitan regenerar las especies, para a continuación desarrollar un plan de uso que asegure el buen estado de las pesquerías". Este periodo de dos años debería ser aprovechado para la reforma de la flota y la mejora de la capacitación profesional de la mano de obra, mediante el establecimiento de ayudas a los pescadores y armadores afectados durante ese tiempo. El proyecto se enfrenta, por otra parte, al problema provocado por la presencia de flotas ilegales que, al margen de las normas pesqueras, realizan capturas indiscriminadas y hacen imposible la ocupación del Golfo por las flotas profesionales. Desde la cofradía portuense se mantienen que "la única posibilidad de solución pasa por un diálogo en el que la Administración sea capaz de presentar alternativas a esa actividad, para garantizar la supervivencia de los pescadores que se ven abocados al furtivismo".