Damborenea es el primero de los condenados por el "caso Marey" que ha recurrido al Constitucional

El ex secretario general del PSOE de Vizcaya Ricardo García Damborenea ha sido el primero de los condenados por el caso Marey en presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al entender que su condena a 7 años de cárcel vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, además de creer que el delito que se le imputa ya está prescrito. Mientras, la iniciativa de algunos ex altos cargos de Interior en apoyo de un indulto para José Barrionuevo y Rafael Vera siguió generando reacciones. Antoni Asunción, ex ministro socialista de Interior, afirma que el caso GAL supone "un lastre tremendo" y que el PSOE debería desmarcarse. Asunción es contrario a un indulto contra la voluntad de Barrionuevo y Vera.

El abogado de García Damborenea, Enrique Fernández de la Lama, presentó el pasado día 7 el primer recurso de amparo formulado por uno de los 12 condenados por el secuestro de Segundo Marey en diciembre de 1983.El letrado considera que el delito que se le imputa a su cliente ha prescrito, y que el Tribunal Supremo le ha condenado sin pruebas. La sentencia hecha pública a finales de julio condenó al ex dirigente socialista "como autor de un delito de secuestro sin circunstancias modificativas de su responsabilidad a la pena de siete años de prisión".

Fernández de la Lama considera que la determinación de la Sala Segunda del Supremo de no apreciar la prescripción del delito vulnera el principio a la igualdad ante la ley, a tenor de la jurisprudencia generada sobre este aspecto por la propia sala. Es decir, emplea el mismo argumento que usó el magistrado Enrique Bacigalupo en su voto particular a la sentencia. Bacigalupo aseguró que el rechazo de la prescripción por parte de la mayoría de la Sala se fundamenta "en un apartamiento de la línea jurisprudencial más reciente sobre la determinación de los hechos interruptivos, creando una excepción incompatible con el principio de legalidad y con el de culpabilidad". Además, el magistrado entendía que la decisión de la Sala era "una sentencia aislada de fundamentos dudosamente compatibles con el principio de legalidad".

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indicaron que la interpretación acerca de la prescripción es un problema de legalidad ordinaria, y que por tanto no sería competencia del Tribunal Constitucional. No obstante, basándose en la jurisprudencia de la Sala Segunda, Fernández de la Lama entiende que los magistrados se han apartado de su línea jurisprudencial, por lo que puede invocar el artículo 14 de la Constitución.

Durante la vista oral, Fernández de la Lama defendió la prescripción del delito de detención ilegal a los 10 años de su comisión. El abogado asegura que la querella que la acusación popular presentó en 1988 contra los ex policías José Amedo y Michel Domínguez en relación con varias acciones de los GAL no rompe el plazo de la prescripción -al contrario de lo que opinó el tribunal sentenciador- ya que en dicho escrito no se mencionaba a García Damborenea.

Indulto

Antoni Asunción, penúltimo ministro de Interior del Gobierno socialista, se refirió ayer a las peticiones de indulto para Barrionuevo y Vera. Tras recordar que la voluntad de éstos es no pedir medidas de gracia por considerar que eso supondría reconocerse culpables y que ellos mantienen que son inocentes, añadió: "Yo no lo haría nunca en contra de su voluntad".El ex ministro considera que el caso GAL supone "un lastre tremendo" y que el PSOE debería desmarcarse de actitudes del pasado. Se declaró opuesto a una ley de punto final diciendo que eso "ya se hizo en la Transición" y hoy "no es posible en un Estado democrático de derecho".

El senador Aleix Vidal-Quadras, miembro de la Junta Directiva Nacional del PP, considera que "las peticiones de indulto en caliente son ahora contraproducentes; aquí ha habido unos delitos graves, una sentencia judicial firme y, por tanto, todo lo que sea pedir indultos en la inmediatez de la polémica distorsiona y no contribuye a arreglar las cosas".

Antonio Romero, de Izquierda Unida, calificó la iniciativa en favor del indulto como "chantaje" a los ministros de la Transición. "Es una actitud mezquina y miserable, aunque no es la primera vez que el comando Rubalcaba quiere implicar a UCD en la guerra sucia". añadió.

José Luis Rodríguez Zapatero, miembro de la ejecutiva del PSOE, cree que lo que mueve a los ex altos cargos de Interior "es un acto de solidaridad, de comprensión o incluso de convicción sobre la inocencia de los señores Vera y Barrionuevo".

Adolfo Prego de Oliver, magistrado de la Sala Segunda del Supremo, advirtió en El Escorial (Madrid) que un posible indulto a Barrionuevo y Vera sería "por una pena concreta, lo que no eximiría a los culpados de responsabilidades en juicios futuros".

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Javier Iglesias García, del Partido Popular, consideró ayer que la petición de indulto por el ex alcalde socialista de la ciudad, Miguel Cid Cebrián, y los miembros del comité local del PSOE "es poco ética y muy desafortunada".

Por último, el Ministerio de Justicia indicó que tramitará las peticiones de indulto que reciba para Barrionuevo y Vera siguiendo los mismos criterios que los utilizados en los demás casos.