El Gobierno quiere limitar a 60 la velocidad máxima en el "circuito" de lodos tóxicos

La velocidad máxima en las carreteras locales por las que pasan los camiones que transportan lodos tóxicos del cauce del Guadiamar hacia su depósito, la mina abandonada de Aznalcóllar, no podrá superar los 60 kilómetros por hora. Ésa fue la principal medida anunciada ayer por el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Andrés Herranz, para poner freno a la racha de accidentes en los que han estado involucrados los transportistas, cinco en el último mes, que han provocado cuatro muertes. El subdelegado del Gobierno se reunió en Aznalcázar, uno de los municipios afectados por la rotura, de la balsa minera de la empresa Boliden, con el jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil en Sevilla, Vicente Romero, y el comandante de Tráfico, Andrés Cobos. "Hemos analizado los sitios donde se produjeron los accidentes y no son puntos conflictivos, así que pediremos a los conductores máxima prudencia", expuso Herranz tras el encuentro. Los responsables de Tráfico, aparte de recomendar a los titulares de las carreteras -Junta, Gobierno y Diputación- que limiten la velocidad máxima de tránsito, insistieron en la prohibición a los camiones para que hagan adelantamientos entre sí y recomendaron a la comisión de coordinación que refuercen la señalización en los accesos a las carreteras desde los caminos. Cobos indicó que la dotación de agentes de tráfico en la zona -una pareja de agentes y diez patrullas rurales- no se modificará y admitió que de las 43 sanciones impuestas hasta ayer, tan sólo una lo fue por exceso de velocidad. Por otra parte, el consejero de Agricultura, Paulino Plata -que hoy hará una visita a la zona afectada-, rechazó en Málaga las acusaciones de la organización agraria Asaja, por supuestas presiones a los propietarios de las fincas para que accedan a venderlas al Gobierno andaluz, informa Leonor García. "Asaja Sevilla no ha hecho más que obstruir el trabajo que estamos haciendo para evitar el impacto de los vertidos tóxicos. Primero fue con la recogida de la fruta, después con los permisos a las fincas y ahora con la compra de las tierras", afirmó el consejero.