Hacia una nueva gestión de los flujos migratorios

Estrecho de Gibraltar, principios de junio: un barco de pasajeros clandestinos naufragó en alta mar. Los 38 pasajeros perecieron ahogados. Días más tarde, Italia: decenas de clandestinos tunecinos se rebelan en los campos de retención donde se les aparca después de su detención. Francia: centenares de inmigrantes intentan a diario pasar las fronteras. Grecia, Portugal, Alemania, Inglaterra, Bélgica, ningún país se escapa.Si se toma solamente el caso de España, unas 20.000 personas atraviesan anual e ilegalmente la frontera sur: la mitad es detenida, la otra mitad se desvanece, unos en el trabajo clandestino en España, otros hacia los destellos del norte de Europa... Así, el escenario del que se habla desde hace muchos años se realiza día a día bajo nuestros ojos: un creciente y vasto movimiento de desplazamiento de poblaciones está en marcha, demostrando de manera dramática la interdependencia, para lo mejor y lo peor, de las sociedades del Norte y del Sur. Mejor dicho, se trata de procesos de interacción estructural entre las dos orillas del Mediterráneo.

Actor secundario de la globalización liberal, el Mediterráneo topa hoy en día con sus efectos negativos. Neutralización de las políticas públicas de apoyo a las poblaciones pobres, dualización social generada por las políticas de ajuste estructural, repliegue del Estado y fortalecimiento de los poderes autoritarios, bloqueo de la integración social; todos estos fenómenos añadidos al paro, a la desruralización y al extraordinario crecimiento demográfico, generan una situación sociopolítica potencialmente explosiva en el sur del Mediterráneo. Los Estados, a menudo desprovistos de capacidad de reacción, están paralizados ante esta situación. Las capas más dinámicas huyen abandonando sin arrepentimiento sus países de origen, atraídas por las ventajas del sistema democrático y del Estado del bienestar. Prefieren vivir mejor en la pobreza en Europa que luchar contra ella en su país. Las mafias, aliadas a los grupos de poder más corruptos, se encargan del resto; ofrecen el pasaje a cambio de una retribución y favorecen un mercado negro de divisas semejante al de los traficantes de droga.

Frente a esta situación, Europa parece impotente. Los acuerdos de Schoengen actúan como un cinturón de seguridad cada día más frágil, los servicios de policía fronterizos no tienen ni los medios para detener estos desplazamientos ni, a menudo, la cultura para entender sus razones. Ahora bien, dos evidencias aparecen hoy con toda claridad:

1.Las migraciones van a continuar en los próximos años. Van a producir efectos negativos sobre la integración de los inmigrantes legalmente asentados, pues constituyen el crisol natural en que los ilegales se anclan.

2.Las fronteras no pueden estar abiertas a unos flujos que desestabilizarían estructuralmente las sociedades de acogida, pero al mismo tiempo el drástico cierre de ésas no puede frenar estos flujos. El director de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, define esta contradicción con una lúcida franqueza: "Tenemos la obligación de intentar impermeabilizar las fronteras, pero al mismo tiempo habrá que resolver mediante la puesta en práctica de medidas de toda índole, políticas, diplomáticas, económicas, pero no estrictamente policiales" (EL PAÍS, 6 de agosto).

Dicho de otra manera, es imprescindible poner en marcha una nueva estrategia de gestión de los flujos migratorios. La primera debilidad de la situación actual resulta de la sumisión de los flujos migratorios a los mecanismos arbitrarios del mercado, sin ningún control social. Obedecen a la ley draconiana de la oferta y la demanda. Para ser insertados en los circuitos de demanda con un valor salarial débil, estos flujos ilegales son instrumentados por las mafias del trabajo clandestino. Se sabe que en ciertos Estados de origen es necesaria la complicidad de sectores del poder para el éxito de estas fructíferas operaciones de traslado de materia humana. La segunda debilidad yace en la ausencia de conciencia de los Gobiernos implicados frente al trastorno histórico provocado por esos flujos en las relaciones entre Estados. La política de cooperación existente hoy día en Europa, que no quiere ver la absoluta originalidad de esta interdependencia migratoria, se muestra como totalmente inadecuada. Toda nueva estrategia implica por tanto afrontar estas dos debilidades. Los flujos migratorios deben ser planteados en el núcleo de las relaciones globales con los países de origen; deben constituir una dimensión esencial de la política exterior (económica y diplomática) de los países de acogida. Los ejes de esta nueva estrategia son evidentes: hay que corresponsabilizar, contractualizar, codesarrollar.

Corresponsabilizar: los Estados de acogida deben entender que no pueden lavarse las manos frente a esta inmensa demanda migratoria procedente del Sur. Si no responden, serán las mafias quienes lo harán en su lugar. En cambio, los Estados de origen deben asumir su responsabilidad ya que la inmigración ilegal es, en primer lugar, su problema. Si los nativos se encontraran en una situación de seguridad económica en su país, no emigrarían. Por ello, los Estados de origen deben comprometerse con una estrategia de dominio de los flujos migratorios, contribuyendo a organizarlos, orientarlos y hacerlos más productivos para su país. Es su interés. Y es la única manera de luchar eficazmente contra las redes mafiosas. Para decirlo sin ambigüedades: más vale que sean los Estados los que organicen los flujos migratorios que las mafias clandestinas. Contractualizar: hay que establecer con los países proveedores de flujos migratorios contratos de contingencia de los inmigrantes. Si no es posible evitar emigraciones ilegales, más vale acoger legalmente contingentes de trabajadores debidamente controlados. Lo que funciona relativamente bien con los trabajadores temporales puede extenderse a otros sectores. Por ello es menester cartografiar el mercado de trabajo, identificar los sectores en los que la mano de obra extranjera es necesaria y flexibilizar la legislación laboral para favorecer la empleabilidad. Es mejor legalizar estos espacios que permitir que parasiten el mercado legal de trabajo. Podrían proponerse a los países Pasa a la página siguiente Viene de la página anterior de origen contratos de mano de obra temporales, sin derecho de instalación definitiva en el país de acogida, e invitar a trabajar en los países de acogida a contingentes de trabajadores, durante un periodo definido y con todos los derechos sociales correspondientes. Se podría pensar en poner en marcha fórmulas salariales parte de las cuales se pagarían en cajas de ahorro o bancos de los países de origen, para favorecer el retorno y contribuir a la estabilización de las poblaciones potencialmente migratorias. Rehusar la instalación definitiva de estos inmigrantes no tiene nada que ver con el rechazo de la integración: es la única manera de organizar un turn-over de los flujos. En este contexto, cada inmigrante que no respete el contrato en su plazo quita un puesto de trabajo a uno de sus conciudadanos. La política alemana de los contratos de trabajo se inspira en esta idea y funciona bastante bien.

Codesarrollar: es sabido que las transferencias financieras y de mercancías de la inmigración superan con creces en volumen la ayuda bilateral y multilateral a estos países. De hecho, con esas transferencias, la inmigración contribuye al desarrollo del país de origen como contribuye al del país de acogida con su trabajo. Es la quintaesencia del codesarrollo. Debemos concienciar de este proyecto y orientarlo hacia fines socialmente emancipadores. Así pueden proponerse cuatro grandes ejes de codesarrollo ligados a los flujos migratorios:

-Organizar la movilidad de tal manera que la circulación entre el país de origen y de acogida esté condicionada por el retorno para las nuevas inmigraciones. Tenemos que admitir de una vez por todas que la política de cierre de fronteras no significa la negación del derecho de circulación de las personas, lo cual es inalienable. En cambio, cuanto más numerosas sean la circulación y obtención de permisos de residencia cortos y temporales, más legítimamente se puede rechazar la instalación definitiva.

-Incitar a los inmigrantes legalmente asentados a convertirse en vectores de codesarrollo ayudándoles a realizar -a título individual o colectivo- proyectos de desarrollo en su país de origen. A menudo se trata de microproyectos: creación de empresas, desarrollo de actividades comerciales de tipo familiar, construcción de escuelas, dispensarios, bibliotecas, electrificación de pueblos... En Francia, las inmigraciones marroquíes y malienses son ya ejemplares en este sentido; si cuentan con ayuda, pueden abrir un campo de experimentación extraordinariamente fructífero para el codesarrollo.

-Crear un sistema de financiación de estos microproyectos que permita a los inmigrantes superar las carencias de los bancos, sobre todo en el África subsahariana, y orientar el ahorro del inmigrante, muy importante cuantitativamente, hacia inversiones productivas en su país.

-Proponer que la política de cooperación europea, tanto en el marco de la renegociación actual de los acuerdos de LoméV como en el del programa Meda (Mediterráneo) y más allá de la visión estrictamente policial e instrumental que la caracteriza, tome plenamente en cuenta las potencialidades de la inmigración para el desarrollo de los países de origen.

Corresponsabilizar, contractualizar, codesarrollar, significa establecer una verdadera política de partenariado con los países proveedores de flujos migratorios. Así se evitará que jóvenes vidas cada verano sean tragadas por las olas del mar y que brazos jóvenes deban elegir entre las esposas de la policía y la explotación salvaje por parte de los empleadores clandestinos.