Un edificio hecho de olvidos

Si viene usted a visitar Alicante, no busque Casalarga en los planos. Este edificio, de dos porterías y cuatro alturas arrastra desde su creación el desentendimiento de los poderes públicos y un insoportable lastre de marginación que pesa sobre todos sus habitantes, familias humildes -en su mayoría de etnia gitana- que lo construyeron con sus propias manos gracias al dinero de Caritas, propietaria del inmueble. Se levantó tras las riadas del año 1967, cuando se vio que era necesario proporcionar alojamiento a las familias gitanas que vivían en cuevas. 30 años más tarde, el edificio está tan deteriorado que sus inquilinos piden su traslado a una vivienda nueva por temor a que se les caiga encima. Ventanas cerradas El nombre de Casalarga se puso de actualidad hace apenas dos meses, cuando los vecinos, hartos del trasiego de drogadictos en busca de una dosis, montaron guardia para impedir su entrada a las viviendas. Ahora, la familia que se dedica a la venta de estupefacientes -la única, según el resto- ha de hacerlo en las inmediaciones del bloque, y no en su casa. Pero Casalarga no es sinónimo de drogadicción, sino de situaciones de pobreza extrema. Como la de la familia Santiago Torres, cuya casa, totalmente degradada, es un reflejo de los defectos estructurales del edificio y un foco de enfermedades para sus moradores. El cabeza de familia, Francisco Santiago, padece una bronquitis crónica. Sus hijas pequeñas, María Amparo y Segunda, que comparten habitación con el tendedero, también padecen una enfermedad respiratoria a causa de la humedad que sus padres no aciertan a pronunciar que, procedente de una tubería rota en el patio, empapa las paredes de la estancia. Y en verano no pueden abrir la ventana para que entre el fresco porque "entran ratas como gatos de grandes", según la familia. "Así no se puede vivir". Con esta simple frase resume Mercedes Santiago, madre de cuatro hijos, el día a día en Casalarga. Su hijo pequeño, de dos años, está resfriado desde que nació a causa de la humedad. Y lo más sangrante, según ella, es la concepción que de los vecinos de Casalarga tiene el resto de los alicantinos. Los taxistas, por ejemplo, se niegan a transportar hasta allí a sus viajeros. No son los únicos. Hace tiempo ya que al edificio dejaron de pasar los camiones de butano. "Nos han puesto una fama que no nos pertenece", protesta. En algunas paredes de su domicilio todavía pueden observarse las marcas de las muestras de hormigón que recogieron los técnicos de la Consejería de Obras Públicas para documentar el informe sobre el estado del edificio. Según dicho informe, el inmueble sufre "deterioros en la instalación eléctrica, en los desagües, mal estado de los tabiques y síntomas de corrosión y oxidación". Se reconoce que los daños son "de importancia, pero susceptibles de reparación". Los vecinos no quieren apaños, sino que se derruya el edificio y se les proporcionen viviendas sociales. Mercedes friega los cacharros al lado de la viga que apuntala el techo. "Friegue usted con casco, señora", le dijeron los técnicos. Viviendas sociales El concejal de Nova Esquerra en el Ayuntamiento de Alicante, Pablo Rosser, señala que existe una plataforma de discusión con representantes de los vecinos, de asociaciones gitanas, de Caritas, del Ayuntamiento y de la Generalitat. Según Rosser, dicha plataforma, constituida el 17 de diciembre de 1996, sólo se reunió una vez, en enero de 1997, un mes antes de que tomara posesión la nueva consejera de Bienestar Social, Marcela Miró, en sustitución de José Sanmartín. "No se ha avanzado prácticamente nada en este tema", concluye Rosser. Asimismo, se creó una comisión que elaboró el primer plan de intervención integral en Casalarga, que jamás llegó a activarse. Los vecinos desconfían de la Generalitat. Aseguran que les han dicho que, tras las reformas, las viviendas pasarán a ser de su propiedad, pero ellos creen que es una artimaña de la Administración para desentenderse del problema. "Nos rehabilitan la casa, nos la regalan y cuando, en unos años, se caiga, ya no será su problema", resume Mercedes Santiago. Desde la Asociación de Promoción Gitana Arakerando se demanda a la Administración autonómica que asuma sus responsabilidades en Casalarga. La vía que consideran más adecuada para que el barrio pueda integrarse en la trama urbana normalizada es la activación de un plan de intervención social que permita, en el plazo máximo de dos años, el fin de un gueto en el corazón mismo de la ciudad de Alicante.