Euskadi será la primera comunidad en tener un reglamento del taxi propio
Euskadi se va a convertir en la primera comunidad autónoma de España que cuente con un reglamento propio del sector del taxi. El Departamento de Transportes aprobará el próximo mes de septiembre la normativa, que concede un mayor peso a los profesionales del taxi y les somete a una dependencia menor de las decisiones de los ayuntamientos. El borrador del reglamento prevé una significativa flexibilización del sector, ya que los conductores se podrán trasladar de un pueblo a otro para trabajar y permite la apertura de nuevos mercados, como el transporte de paquetería, cubrir las deficiencias de los autobuses urbanos e incluso entrar en el negocio de vehículos de alquiler. La idea de disponer de un reglamento vasco propio surgió hace tres años, durante el congreso europeo celebrado en San Sebastián, cuando el entonces director de Transportes del Gobierno vasco, Javier del Olmo, anunció su intención de impulsarlo. Desde entonces, se empezaron a redactar los primeros borradores, con la estrecha colaboración de la Federación vasca del Taxi, hasta la elaboración del documento final, que ya se encuentra ultimado. PASA A LA PÁGINA 3
Los taxistas vascos podrán alquilar sus coches, cambiar de localidad y transportar paquetes
VIENE DE LA PÁGINA 1 El reglamento iba a aprobarse este mismo verano, pero la salida de los socialistas del Ejecutivo -el área de Transportes estaba en sus manos- lo ha retrasado. En una reunión celebrada hace dos semanas con los representantes de los profesionales, el nuevo equipo del departamento se comprometió a seguir con los trámites y aprobar el texto antes de las elecciones autonómicas del 25 de octubre. La norma satisface las pretensiones de los taxistas vascos. "Tener que depender como hasta ahora del reglamento nacional nos causa grandes problemas, puesto que está hecho a imagen y semejanza de grandes capitales como Madrid y Barcelona, y su primer inconveniente es la figura de los asalariados, que nos hace mucho daño en un momento de crisis", señala Patxi Azpillicueta, presidente de la Federación vasca del Taxi. Azpillicueta revela que el nuevo reglamento suprimirá esta figura para lograr la máxima "un taxi, un conductor". A partir de la entrada en vigor del nuevo texto los taxistas participarán en las decisiones sobre la creación de nuevas licencias a través de una comisión provincial en que estarán representadas las instituciones y el sector. Actualmente, esta potestad recae exclusivamente en los ayuntamientos. "Va a ser un reglamento abierto, en el que participe directamente el sector, junto al Ayuntamiento correspondiente y en el que se posibilita el diálogo", añade el presidente de la Federación. Pero la principal novedad de la norma es la apertura de nuevos mercados. Además de la posibilidad de trasladar taxis de un pueblo a otro según la demanda existente, se permitirán realizar labores de transporte de minusválidos, paquetería e incluso abre la vía para suplir las deficiencias de los autobuses urbanos. El nuevo reglamento permitirá también la entrada en el mercado de los vehículos de alquiler. "Este servicio no tenía sentido hace 30 o 40 años, cuando los taxis eran utilitarios, pero ahora con vehículos de gama alta podemos ofrecerlo. No significa que echemos a las empresas actuales de alquiler, pero que no se constituyan más y también nosotros podamos optar al servicio", dice Azpillicueta. Estas posibilidades han despertado el interés de profesionales de otras comunidades autónomas. "El hecho de que además sea el primer reglamento autonómico en España ha supuesto que nos hayan llamado de diferentes lugares porque afirman que se solucionarán muchos de los problemas actuales", añade. La Federación vasca considera primordial la aprobación del texto para embarcarse en los planes de reestructuración del sector, sobredimensionado en muchos municipios. Ahora hay 2.500 licencias en todo el País Vasco, de ellas 1.600 en Vizcaya. El único plan de reestructuración elaborado es el de Bilbao. Tras dos años de negociación, Ayuntamiento y profesionales pactaron un proyecto, con un coste superior a los 1.000 millones y que significará la desaparición de 100 de las 775 licencias actuales en los próximos cinco años. El plan tenía que haber entrado en vigor a principios de este año, pero se encuentra paralizado por la falta de concreción de las ayudas institucionales.
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