Un nuevo tropezón en los contenciosos con Bruselas

Pese a las constantes declaraciones triunfalistas del Gobierno de José María Aznar sobre sus éxitos europeos en materia de extradición y eliminación del asilo político, ésta es la tercera piedra que golpea en la frente de Madrid en sus contenciosos con el Gobierno de Bruselas sobre la presencia de miembros de la banda terrorista ETA en este país.La primera fue la admisión a trámite de la petición de asilo político planteada en el verano de 1993 por el matrimonio formado por Luis Moreno Ramajo y Raquel García Arranz. Acusados de haber dado cobijo a un etarra que acababa de cometer un asesinato y reclamados por la Audiencia Nacional, obtuvieron un primer dictamen favorable del entonces Comisario Real para los Refugiados, Marc Bossuyt.

El comisario Bossuyt acabó cambiando de opinión y el asilo político les fue denegado, pero la orden de extradición a España emitida por el Gobierno belga fue suspendida por el Consejo de Estado, la última instancia judicial del país. El Ejecutivo de Bruselas, de común acuerdo con el de Madrid, acabó revocando la orden de extradición para evitar que un pronunciamiento negativo del Consejo de Estado sobre el fondo del asunto acabara sentando jurisprudencia.

Limitar el derecho de asilo

Aquel caso, que empezó en tiempos del PSOE en el poder, llevó al Gobierno español a liderar una estéril batalla para eliminar el derecho de asilo entre nacionales de la Unión Europea. Al final, en el Tratado de Amsterdam, ese derecho quedó muy limitado, aunque reconocido por la legislación de la Unión.El Gobierno de José María Aznar enarboló también otra bandera, la del Convenio Europeo de Extradición, aprobado finalmente en junio de 1996. Como el convenio no entrará en vigor hasta que sea ratificado por los Quince socios de la Unión Europea, Bélgica y España acordaron aplicarlo bilateralmente de forma inmediata. Pero hasta ahora no ha entrado en vigor.

Al amparo de ese eterno vacío legal se han producido las dos siguientes pedradas en frente española. En 1996 la entrada de Enrique Pagoaga Gallastegui alias Peixotin en Bélgica, finalmente legalizada por la justicia belga. Y ahora un caso gemelo, el de Ricardo Cruz Maiztegui, que entró irregularmente en el mismo país el pasado 29 de junio procedente de México, donde ha residido durante cinco años.

A pesar de la euforia gubernamental, la organización terrorista ETA sigue logrando el apoyo de la justicia en conflictos de extradición. No sólo en Bélgica. También en Portugal y en Alemania, otros países miembros de la Unión Europea donde se han producido casos similares.