El Estado comienza a pagar hoy las indemnizaciones a 5.000 de los perjudicados por la "pantanada" de 1982

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana procederá hoy mismo al inicio del pago de los 9.400 millones de pesetas con los que el Estado debe indemnizar a cerca de 5.000 perjudicados por la pantanada de Tous, aquellos que no renunciaron a la vía judicial para ser resarcidos por las pérdidas que sufrieron en la catástrofe que asoló la comarca de la Ribera el 20 de octubre de 1982. Los primeros pagos - se abonarán 296 millones de pesetas a 150 de los afectados- llegarán durante el día de hoy a las cuentas corrientes de sus perceptores, los más madrugadores a la hora de personarse en la Delegación del Gobierno en Valencia para acreditar su derecho a percibir las indemnizaciones. El resto de los perjudicados, que no se acogió a las ayudas ofrecidas en sendos decretos-ley habilitados por el gobierno del PSOE, cobrará en un plazo máximo de tres meses. El pago de las indemnizaciones marca el principio del fin del tan tortuoso como polémico caso Tous. Tres juicios y 16 años de espera han sido necesarios para compensar los destrozos materiales (y los daños morales, tal como reconoció el auto de ejecución de la sentencia de la Audiencia de Valencia) provocados por el derrumbamiento de la presa de Tous, que afectó en diferente medida a los vecinos de 32 localidades. No obstante, el pago de los 9.400 millones en indemnizaciones fijados por la Audiencia no supondrá el definitivo cierre del tema. El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carlos González Cepeda, ha anunciado que el gobierno central iniciará, tras el pago de estas compensaciones, una ronda de negociaciones para equiparar las cantidades percibidas por los 5.000 afectados incluidos en el auto de la Audiencia con las que en su día fueron cobradas por otros de los damnificados. En ese sentido, el presidente del PP de Alzira y dirigente de Afiva y Apemeda, Sergio Marín, aseguró a Efe que estas asociaciones de damnificados esperan llegar a un acuerdo con el Estado y la Generalitat para que sus 2.000 miembros reciban unas cantidades similares a las fijadas por la Audiencia.