El sector pide al Gobierno andaluz que "se moje" con la ley de Turismo Sindicatos, patronal y Consejería avanzan en la discusión del proyecto

La Mesa del Turismo de Andalucía avanzó ayer parcialmente en la redacción del proyecto de ley que regulará al sector en una reunión en la que al mismo tiempo se constató que aún son muchas las diferencias de criterio entre los agentes sociales. Sindicatos y patronal sí están de acuerdo en exigir una ley menos genérica y que se precisen con más detalles cuestiones fundamentales como la propia definición de la actividad, el sistema de sanción y los municipios que tendrán la calificación de turísticos.

Los encuentros se reanudarán en septiembre, y será complicado que el texto pueda estar consensuado antes de que finalice el año. Con todo, la Junta considera que existe margen suficiente para que la ley de Turismo pueda ser aprobada por el Parlamento antes de que finalice la legislatura. La consejería que dirige José Núñez trabaja con prisas en la redacción de un proyecto de ley que considera imprescindible para regular el sector, aunque al mismo tiempo considera "absolutamente fundamental" que el texto definitivo cuente con el consenso de los agentes sociales. "No tendríamos garantías de éxito si el sector no la recibe y no la asume como un instrumento que pueda mejorar su funcionamiento", explicó el director general de Planificación Turística, Joaquín Aurioles. Precisamente una de las principales conclusiones de la sesión que la tripartita celebró ayer en Sevilla fue: "Mientras más avanzamos en la discusión somos todos más conscientes de la necesidad de tener un marco común que regule el sector". En esta sesión se discutió sobre la definición de la actividad turística y se acordó someter a regulación una serie de actividades que en principio no aparecían explicitadas en el borrador y que sean susceptibles de ser incluidas también en el registro de actividades turísticas, con lo que se pretende que la delimitación sea "más operativa". Sindicatos y empresarios han considerado que la definición inicial del borrador debía ser más amplia La futura Ley del Turismo de Andalucía establecerá la creación de una oficina de calidad "que aporte a la consejería los instrumentos de los que ahora carece para impulsar políticas de apoyo a la calidad de la oferta". Será un organismo de apoyo pero no una oficina de defensa del turista, como en principio habían interpretado los agentes sociales. También se establecerá la transferencia a los municipios de una serie de competencias de la Consejería de Turismo y Deportes para instaurar un sistema de ventanilla única en el que se agrupen competencias de distintas administraciones y no sólo de la autonómica. La consejería ofrecerá la posibilidad de suscribir convenios a los ayuntamientos interesados al objeto de simplificar los trámites para los empresarios del sector. Los municipios turísticos podrán además disponer de líneas de financiación extraordinarias para sufragar los servicios que deben prestar a la población flotante, aunque en este extremo los sindicatos reclaman también una mayor concreción en la definición de las ciudades que pueden ser catalogadas de turísticas. Junta, patronal y sindicatos abordaron también el sistema de inspección y sancionador en el que acordaron establecer una serie de criterios de graduación para equilibrar el peso de la carga de una sanción según la categoría y capacidad de los establecimientos. Según la Junta, ayer se acotó una tercera parte del borrador del proyecto, aunque algunos aspectos quedaron aplazados, pendientes de consultas o de "reflexión adicional" como los relativos a los sistemas de inspección.