Riesgo de fractura

POR PRIMERA vez en democracia, dos altos cargos de un Gobierno, el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera, han sido condenados a penas de cárcel por un tribunal. Por una mayoría de siete votos contra cuatro, la Sala Segunda del Tribunal Supremo les considera responsables del secuestro de Segundo Marey y les impone una pena de 10 años de prisión, además de la correspondiente inhabilitación, que obliga a Barrionuevo a abandonar su escaño en el Congreso.La sentencia considera probada la participación de ambos en el secuestro, y establece que "conocieron, aprobaron y dieron el dinero necesario para pagar a los mercenarios proveniente de los fondos reservados, y, después, en la noche de la llegada a España del secuestrado y en los días posteriores, hasta su liberación, estuvieron al corriente de todas las incidencias del hecho hasta inclusive la liberación".

Se trata de una sentencia firme, aunque es seguro que los condenados recurrirán en amparo al Constitucional y, eventualmente, ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ni Barrionuevo ni Vera parecen dispuestos a solicitar el indulto, pero el Gobierno tiene base legal suficiente para concederlo por motivos de interés político sin que lo soliciten los condenados ni el tribunal.

Toda sentencia es un arbitraje, basado naturalmente en un correcto procedimiento probatorio y en la aplicación de las leyes. Como tal, debe ser acatada por todas las partes, y sobre todo por quienes desde la responsabilidad del Gobierno o de la oposición están obligados a defender el Estado de derecho. No se puede olvidar que el caso llegó a manos del Supremo en medio de una violenta batalla política, pero al final los 11 magistrados tenían que dictar una sentencia y lo han hecho. La Sala ha desechado, por mayoría, la prescripción de los hechos y las alegaciones de nulidad y ha establecido que los responsables de la lucha antiterrorista en 1983 cometieron dos delitos por los que deben ser condenados. De la existencia de cuatro votos particulares no puede deducirse que haya una especie de sentencia bis absolutoria, pero la división de la Sala refleja en buena medida la fractura que sobre este asunto existe en la propia sociedad española.

Votos particulares

Los tres votos particulares presentados (por cuatro magistrados, entre ellos el presidente de la Sala) coinciden, en lo sustancial, en la ausencia de pruebas para condenar a Barrionuevo y Vera. Dichos votos, muy bien elaborados jurídicamente, entienden que durante el juicio no ha quedado acreditado que ambos participasen en la detención ilegal de Marey, "ni incitándola, ni autorizándola, ni respaldándola, ni interviniendo". Uno de los votos dice explícitamente que procede "la absolución de los acusados Vera y Barrionuevo por carencia de prueba de cargo contra ellos, razón por la que no se ha destruido su derecho a ser presumidos inocentes".Otro magistrado afirma que las acusaciones de los autoinculpados trataron de obtener "una apariencia de mayor seriedad de sus acusaciones al presentarlas como cubiertas por altas razones de Estado y bajo la decisión de los altos cargos del Ministerio del Interior y, a la vez, ofrecían un importante apoyo al principal partido de la oposición, empeñado entonces en una lucha de vigoroso antagonismo con el partido que gobernaba, sobre todo si lograban implicar en el delito al mismo presidente del Gobierno, y con la esperanza, al obrar así, de encontrar gracia en quienes luego serían, a su vez, gobierno, para ser indultados por su participación delictiva". El tercer voto particular considera que en el juicio no ha quedado acreditado tampoco que la idea de realizar acciones contra ETA al margen de la ley fuese nunca asumida por el Gobierno de 1983.

El conjunto del fallo -la sentencia y los votos particulares- permite interrogarse legítimamente sobre los motivos de que los magistrados hayan llegado a posturas tan antagónicas acercade los hechos probados, los análisis de las pruebas y los fundamentos jurídicos en lo referente a Barrionuevo y Vera. La aparente coincidencia entre las posiciones ideológicas atribuidas a los magistrados y su voto no puede dejar de tener lecturas políticas. La suposición de que el Supremo ha sido inmune a toda la presión mediática y política que ha habido en este caso no es sostenible. El acatamiento de la sentencia y la aprobación que merece el hecho de que los crímenes cometidos en nombre de la razón de Estado se castiguen no puede empañar la mente hasta el punto de ignorar que el partido socialista ascendió al poder poco después de un golpe de Estado y heredó un aparato de seguridad inmerso hasta el cuello en actividades de guerra sucia, no sólo contra ETA, sino también contra la democracia tan trabajosa y difícilmente obtenida.

Estamos seguros de que los jueces del Supremo han emitido su fallo teniendo en cuenta todas estas circunstancias y que desde su delicada responsabilidad han pretendido contribuir a reforzar la solidez de nuestra democracia con la aplicación de la ley. No estamos seguros de que lo hayan conseguido, a la luz de las conclusiones tan diametralmente opuestas a las que han llegado los magistrados.

A los principales partidos de este país corresponde ahora, después de acatar la sentencia, evitar que la consecuencia inmediata sea un aumento de la inestabilidad política y la confrontación. La democracia no puede edificarse sobre crímenes de Estado y es obligación de los tribunales depurar responsabilidades, pero la clase política no puede olvidar que los GAL no fueron nunca el principal problema de la democracia española, y desde luego, no lo han sido durante la última década. La guerra sucia ha sido una pesada herencia que desde el franquismo recorrió los diez primeros años de la democracia, pero ese capítulo pudo cerrarse al fin y, al margen de que se sustancien los procesos aún pendientes y se ejecuten las sentencias, sería bueno que los políticos se comprometieran a no lucrarse políticamente de estos casos para dedicar su esfuerzo principal al que sigue siendo hoy el principal problema de este país: la violencia terrorista de ETA, que continúa campando por sus respetos hasta el día de hoy.

Ése es el problema fundamental que tiene planteado el Gobierno. Hemos dicho en muchas ocasiones que la guerra sucia dio en su día argumentos a ETA para reclutar a una generación de nuevos militantes. Que los tribunales juzguen y dicten sentencia sobre tales hechos contribuye a deslegitimar a los terroristas, pero no basta para poner coto al terrorismo. Habida cuenta de la situación actual del País Vasco, el Gobierno de Aznar tiene ante sí un reto formidable y nada fácil, al que no contribuirá un nuevo enfrentamiento con el primer partido de la oposición.

Al PSOE corresponde también acatar la sentencia sin enrocarse en un intercambio de improperios. Los socialistas ya han anticipado que hacen suyos los razonamientos de los magistrados discrepantes. Hay que apelar a su madurez como partido para evitar que sus declaraciones, o sus actos, amplíen la fractura social que sin duda existe en este caso. La sensación de paganos de todas las irregularidades que han existido en los últimos años en la vida pública, que tienen dolorosamente muchos militantes socialistas, no debe llevarles al monte.

De otro lado, tampoco la sentencia de ayer puede servir de peana para criminalizar toda la etapa socialista. Hoy más que nunca es necesario que el PP y el PSOE puedan rehacer un consenso básico para vertebrar la convivencia democrática y erradicar el terrorismo. Cualquier otra cosa sería suicida.