El Gabinete Ardanza recurre dos decisiones del Gobierno central

El Consejo de Gobierno, presidido de nuevo por el lehendakari, José Antonio Ardanza, decidió ayer recurrir dos decisiones del consejo de ministros. Una, aprobada el pasado mes de mayo, excluía al País Vasco, y también a Navarra, de los créditos que se concederán a las pymes por su desarrollo empresarial durante este año. El Gabinete de Aznar entendía que ambas comunidades no podían verse favorecidas "por su régimen económico y financiero especial". El Gobierno vasco, por su parte, presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo al entender que el Estado tiene las competencias relativas al "apoyo a la pequeña y mediana empresa, porque no han sido transferidas". Así pues, pide a Madrid que aporte la financiación como en años anteriores. El otro conflicto entre las dos administraciones se refiere al decreto sobre las plantillas de Justicia aprobado en Vitoria, y que el Gobierno central rechazó mediante un requerimiento de incompetencia. Ayer, el bipartito PNV-EA desestimó ese recurso, excepto en una pequeña cláusula, y acusó al Ejecutivo de Aznar de cometer "una grave irresponsabililidad". El Gobierno vasco mantiene que le pertenece la competencia de establecer los requisitos de conocimiento de euskera e informática en determinados puestos de trabajo. El equipo de gobierno de Ardanza aprobó además cinco decretos que distribuirán 532 millones de pesetas en ayudas relacionadas con la economía social. Estas medidas permitirán la puesta en marcha de empresas encuadradas en los nuevos yacimientos de empleo, la incorporación de parados a esas compañías en calidad de socios trabajadores, así como ayudar a la asistencia técnica, la formación y a la asociación entre esas empresas. Subida salarial Además, los consejeros aprobaron, mediante decreto y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con los sindicatos, una subida salarial para todos los funcionarios de la Administración vasca de un 2,1%, es decir, el límite máximo que permite la ley. El texto, válido para 1998, mantiene las actuales 1.660 horas de la jornada anual de trabajo. En el departamento de Cultura, el Gobierno desarrolló ayer una ley que se remonta a 1990 y que obliga a destinar el 1% del valor de las obras públicas a patrimonio cultural. El nuevo decreto entrará en vigor el 1 de enero del año próximo y obligará a reservar entre 380 y 400 millones de pesetas a este capítulo en los presupuestos generales. El Consejo de Gobierno también dio el visto bueno al Plan General de Promoción del Uso del Euskera propuesto por el Consejo Asesor del Euskera. De esta manera recae en el Parlamento vasco, cuando vuelva a la actividad en la próxima legislatura, la responsabilidad de aprobar o desechar definitivamente el proyecto, que parte con el rechazo parcial del grupo socialista.